Las maniobras coloniales hay que denunciarlas, sobre todo cuando se les viste con ropaje jurídico, para darles carácter de legitimidad. El gobernador García Padilla continúa con la entrega de la poca autoridad de Puerto Rico sobre el ámbito procesal penal comenzada muy activamente hace dos años. Al firmar la extensión del mal llamado «memorando de entendimiento» con las autoridades federales acepta de jure lo que ya existe de facto: la suplantación de nuestras funciones policiacas y del Ministerio Público con las del gobierno de Estados Unidos. Ahora, prácticamente cualquier delito que se cometa en nuestro país es de la jurisdicción federal, si así lo deciden los americanos de allá o sus lacayos de aquí. Baste con señalar uno solo de los renglones que le reconoce autoridad a los federales: «Posesión ilegal de arma por parte de un imputado de delito grave o por un usuario de sustancias». Hombre, en un país donde casi todos los delitos se cometen con armas -- de fuego, presumiblemente -- o por adictos a drogas, para satisfacer su vicio... Éste, junto con los otros diez renglones delictivos, deja a la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía en un papel de apoyo o secundario, muy triste, por cierto.
Señores, ¿dónde queda la autonomía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico?
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