Habla mal de nuestro país el que 23 años después de aprobada la Ley 54, sobre violencia doméstica, todavía sea motivo de controversia, tanto legal como social. En este casi cuarto de siglo, ha habido una resistencia temeraria a reconocer la legitimidad del estatuto, no solo entre la comunidad, sino -- lo que es peor -- entre los funcionarios que administran la justicia penal. Policías, fiscales y jueces han aplicado la ley con sumo desgano y falta de convencimiento; por lo tanto, su eficacia se ha visto afectada significativamente. Ha podido más el machismo que el compromiso con la rectitud oficial. También el partidismo ha pesado más que el compromiso con la solidaridad de género, en algunas mujeres en posiciones directivas en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo.
En fin, la toma de conciencia acerca de los malos tratos conyugales y de pareja tiene otro largo camino que recorrer para llegar a una situación idónea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario