Vuelve la insistencia con acelerar el proceso de adopción en nuestro país. No hace mucho se adoptó un estatuto que facilita grandemente -- y, posiblemente, exageradamente -- un proceso tan delicado como éste. Ahora, no conforme con eso, se pretende crear para ello una primera instancia extrajudicial en el Departamento de la Familia. En el mejor de los casos -- y el nuestro ciertamente no lo es -- el foro administrativo no es el más apropiado para atender adecuadamente un asunto tan crítico como la adopción. Sabido es que el DF no es modelo de buena gestión pública, y su politización es patente. Poner en esas manos el futuro bienestar de los niños adoptados es casi criminal.
A lo anterior hay que añadir el empeño obsesivo de este gobierno de «agilizar» los trámites en el sector público a como dé lugar. El término de 75 días para completar una adopción es, de su faz, una irresponsabilidad de marca mayor. No puede haber suficiente consideración, deliberación o ponderación sobre los méritos de un proceso en un término tan breve. Esto no es un negocio ni debe ser tratado como tal. Aquí está en juego el bienestar y la felicidad de un menor de edad, y ello exige que se le trate con sumo cuidado.
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