Viendo a través del velo

Los suizos -- que siempre marchan a su aire en casi todo -- se han negado a aprobar una ley para prohibir el uso de la burka, esa vestimenta islámica que cubre a las mujeres de pies a cabeza, o de cualquier otro velo que tape su rostro. La tendencia europea ha sido prohibir esta clase de atuendo, pero los parlamentarios suizos, aunque por escaso margen, no han querido hacerlo, y han preferido que sea cada cantón de su confederación el que legisle sobre el particular. Han tomado en cuenta que hay muy pocos casos de eso en todo el país, por lo que el efecto práctico de la ley sería limitado. También les ha preocupado proyectar una imagen de hostilidad y prejuicio contra la comunidad musulmana.

Sea como fuere, los suizos se han abstenido de participar en ese desenfreno xenofóbico que en muchos sitios pasa como preocupación legítima sobre la «seguridad nacional».

Nada fluido

¡Se oye cada cosa! Hace un par de días, escuché el anuncio radial de una de esas actividades de orientación sobre inversiones y planificación financiera, para cuya asistencia se advertía que uno debía ser «fluido en inglés». Es evidente que esta gente son «tapados» en español. Lo que han querido decir es fluent in English, o sea que debe tenerse fluidez en esa lengua, es decir, que se hable con facilidad y rapidez, por abundancia de vocabulario y conocimiento de su gramática y sus giros.

Lo que preocupa es que en este país se digan cosas así, sin que las personas se den cuenta de ello, y que no haya alguien que, oportunamente, las corrija.

Otro «no»

Con todas las limitaciones que pueda tener el jurado como juzgador de los hechos y adjudicador de culpabilidad, tiene la virtud de representar el sentir de la comunidad ante el delincuente y su delito, absolviendo o condenando de manera ajustada a la valoración social que de ellos hace. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con el rechazo a la pena de muerte ayer. Independientemente de adjudicar la culpa -- incluso con agravantes -- el jurado en el Tribunal Federal se negó a votar para que se le quitara la vida al convicto. Con ello validó, por quinta vez, la prohibición constitucional nuestra, vulnerada por la intervención prepotente de la jurisdicción federal de Estados Unidos en Puerto Rico. Es esa presencia la que nos obliga a defender el sentir puertorriqueño plasmado en nuestra Carta de Derechos, frente a unas normas que nos son ajenas en todo el sentido de la palabra.

Un error capital

Se abusa de ciertas expresiones o términos. En un anuncio político del Partido Popular Democrático leemos en tres lugares distintos las frases «capital humano», «capital financiero» y «capital cultural». Lo primero se refiere al personal, y es de la misma cepa de «recursos humanos». Lo segundo tiene que ver con el dinero, y lo tercero, vaya usted a saber. Supongo que se refiere a los artesanos y artistas de todas clases. Entonces, ¿por qué no decirlo así de sencillamente? ¿Por qué este afán de usar frases o palabras para dar la impresión de que se trata de otra cosa más complicada o importante? Hay en todo ello una deshumanización, una forma impersonal de aludir a la gente que trabaja, un distanciamiento emocional de las personas de carne y hueso que sufren los problemas del país y de las medidas gubernamentales que, a veces, draconianamente, les afectan.

Un hoyo muy profundo

La crisis de derechos humanos en Honduras cobra una cuota alta entre los abogados que los defienden. Naciones Unidas denuncia que en los pasados tres años 74 abogados han sido asesinados por su trabajo en ese país, sin que el gobierno haya hecho mucho por esclarecer esos crímenes. Es de suponer que a esos colegas se les ve como entes disociadores, de izquierdas y entremetidos en regímenes que no respetan el estado de derecho ni los derechos humanos. El rol del abogado como cuestionador del orden establecido respresenta un desafío al poder que se impone por la fuerza y se mantiene con recursos fascistoides. El abogado comprometido con la democracia y la libertad es entonces un «enemigo» del Estado, que debe ser silenciado a toda costa y privado de su capacidad de ayudar a otros en la reivindicación de los derechos que les han sido conculcados.

Ahogados

He comentado antes el mal uso del verbo «correr» para querer decir ser candidato o postularse a un cargo. Como se sabe, la equivocación surge de adaptar al español la forma inglesa "run". Esta mala costumbre puede tener resultados risibles, como el del titular de ayer en la página deportiva: «El actual presidente corre  para un segundo término al frente de la Federación de Natación». Hombre, en todo caso, el incumbente «nada» para mantenerse a flote como presidente...

La sustitución de vocablos en español con voces inglesas o mal adaptadas de esa lengua es un problema que los puertorriqueños -- incluidos muchos con preparación y cierto grado de cultura -- no hemos podido superar, por ignorancia, indolencia y mediocridad.

El boticario como inquisidor

Un tribunal apelativo de Illinois ha decidido que, por motivos religiosos, los farmacéuticos se pueden negar a despachar el medicamento que, tomado dentro de las 72 horas de haberse tenido relaciones sexuales sin protección, puede evitar el embarazo.  El asunto surgió porque hay una ley que permite que se dispense este fármaco a menores de edad de hasta 17 años, pero se busca que jóvenes menores de esa edad también puedan tener acceso a esa sustancia.

Dejando a un lado los méritos o deméritos de esa política pública, lo que debe preocupar es que se acepte que las creencias religiosas puedan ser un fundamento válido para que un profesional del cuidado de la salud decida  a quién le vende una medicina y en qué circunstancias. Me parece un precedente funesto reconocerle esa facultad a un boticario. Hoy son esas pastillas; mañana puede ser cualquier otro medicamento a cualquier otra persona.

Ojalá no nos «contagiemos» con esos escrúpulos aquí...

¡Eso no es de aquí!

Desde hace dos años, nuestros medios de comunicación se refieren a la ahora imputada del asesinato de Georgina Ortiz como la «mucama» de la familia. Todo este tiempo me ha llamado la atención que se le llame de esa manera porque, en el Puerto Rico que conozco hace 62 años, en las casas hay criadas o sirvientas, y en los hoteles hay mucamas, que se me antoja debe referirse a la mujer que arregla las camas. No sé si es por una falsa sensibilidad que supone denigrante los primeros dos términos o por mimetismo cultural de novelas o series televisivas extranjeras, que ahora hemos adoptado ese vocablo para describir  lo que también se denomina muchacha de servicio, aunque, en este caso, por la edad de la mujer en cuestión, no sería posible.

Cierto es que el diccionario registra los significados de «criada» y «sirvienta», pero, como he dicho, los boricuas no usamos la palabra «mucama» con esas acepciones, y no tiene sentido variar nuestro uso y costumbre lingüístico con un extranjerismo innecesario.

De usos y [malas] costumbres

Habrá que ver quién tiene la razón en la controversia sobre el funcionamiento de Hostería del Mar de acuerdo con los permisos pertinentes. El gobierno alega que el establecimiento no los tiene o que opera más allá de los que tiene, y la empresa dice que todo está en orden. Lo que sí puede decirse es que en nuestro país hay una actitud general de que los permisos y otras autorizaciones para llevar a cabo ciertas tareas son meros trámites burocráticos a los cuales no hay que prestarle mucha atención, una vez se han concedido. Por lo tanto, se modifican de facto, aunque no de jure, porque se entiende que, una vez autorizado a operar, lo demás son detalles que no es necesario someter de nuevo a consulta o solicitud a las autoridades pertinentes. No dudo de que algo así haya ocurrido en este caso, y que los vecinos quejosos tengan razón en señalar que, surrepticiamente, el negocio se fue transformando de una pequeña hospedería en un hotel con instalaciones y actividades incompatibles con el área residencial donde ubica.

¡A caerle a palos!

Como digo, hay aclaraciones y precisiones que están demás, pues se sobreentiende a qué uno se refiere, sin que sean necesarias. Ayer, la prensa publicó una noticia acerca de una agresión con un «palo de madera». Como sabe todo el mundo, de las muchas acepciones o significados de la palabra «palo», casi todas se refieren a un pedazo de madera: ya sean ciertos árboles, los de un navío, un batazo fuerte en el beisbol, y un largo etcétera. La excepción sería el «palo de golf», como el que usó la exesposa de Tiger Woods cuando lo corrió de la casa... De manera que bastaba decir que la agresión se produjo con un palo, para que cualquier hijo de vecino entendiera lo que había sucedido.

A mí, cuando leo cosas así, me dan ganas de darle un palo por la cabeza a quien las escribe...

Una ley peligrosa

He dicho antes que el afán legítimo de combatir el terrorismo ha dado lugar a excesos de todas clases, tanto en legislación como en la práctica cotidiana del derecho penal y procesal penal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de invalidar la ley de sentencias indeterminadas de Inglaterra y Gales, pues con base en ella se retenían confinados, luego de cumplir sus sentencias, aduciendo su «peligro para el público», concepto impermisiblemente impreciso. Los confinados tenían el peso de probar ante la Junta de Libertad Bajo Palabra que estaban rehabilitados, pero, además de la falta de servicios hacia esos efectos, se carecía de una clara definición de lo que constituye estar rehabilitado. Ante tal indefinición, y la arbitrariedad que ello supone, el Tribunal no tuvo otro remedio que dejar sin efecto el estatuto.

Tocineta que se me atraganta

La culpa la tiene la RAE, por estar aceptando palabras del inglés y, luego, españolizándolas feísimamente. Hoy, en un anuncio de prensa, Kentucky Fried Chicken ofrece queso y bacon con varios de sus emparedados. Nada de la «tocineta» que todos conocemos y que, de paso, figura en el diccionario como la forma en que en varios países -- incluido el nuestro - se le llama a la panceta ahumada.

El problema es que la RAE ha aceptado también el horrible término «bacón», totalmente innecesario para describir este producto alimenticio. Entonces, ¿con qué fuerza moral vamos a censurar el uso de "bacon", cuando nuestra máxima autoridad lingüística comete una barrabasada así?

Un decisión que trae cola

Por lo menos por ahora, los empleados públicos de Wisconsin se han anotado un triunfo judicial con el dictamen de que la ley que el año pasado los despojó de derechos importantes de negociación colectiva viola el derecho a la libre expresión, a la asociación y a la igual protección de las leyes. Ese estatuto, que provocó fuertes protestas en todo el estado -- incluso la ocupación del capitolio durante varios días por cientos de personas -- pretendía descabezar el movimiento sindical en el sector público, imponiendo requisitos económicos onerosos a los unionados y de recertificación anual a las uniones.

El juez con el improbable nombre de Juan Colas se dejó de chiquitas, e invalidó este atropello contra la clase trabajadora del sector público, sobre la cual se quiso que recayera desmedidamente el peso de las dificultades fiscales del gobierno de Wisconsin. Ojalá otros jueces tengan la valentía de ponerle coto a los desmanes ejecutivos y legislativos contra otros sectores de la clase asalariada, y que dichos dictámenes se sostengan en todas las instancias apelativas.

Una mejor definición

Aunque insisto en que, si aspiramos a algún grado de corrección en el habla y en la escritura, resulta indispensable consultar el diccionario consuetudinariamente, reitero mi advertencia de que debe hacerse con cuidado, pues, como toda obra humana, el diccionario es imperfecto. Sus definiciones no son siempre las más completas y mejores. Veamos un ejemplo muy sencillo.

La RAE aceptó el término inglés baby-sitter, definiéndolo como «persona que atiende a los niños pequeños». Pero, usted y yo sabemos que esta definición está incompleta o es insuficiente porque resulta muy general y no describe con precisión la función que todos conocemos. A mí, que hace unos años no me dejaron entrar a la RAE en Madrid ni como visitante, se me ocurre esta definición: «persona que, por paga, cuida niños pequeños por periodos relativamente breves, en ausencia de los padres de éstos».

Permiso concedido a la RAE para que copie mi definición...

Un «mal trato» a la ley de maltrato

Habla mal de nuestro país el que 23 años después de aprobada la Ley 54, sobre violencia doméstica, todavía sea motivo de controversia, tanto legal como social. En este casi cuarto de siglo, ha habido una resistencia temeraria a reconocer la legitimidad del estatuto, no solo entre la comunidad, sino -- lo que es peor -- entre los funcionarios que administran la justicia penal. Policías, fiscales y jueces han aplicado la ley con sumo desgano y falta de convencimiento; por lo tanto, su eficacia se ha visto afectada significativamente. Ha podido más el machismo que el compromiso con la rectitud oficial. También el partidismo ha pesado más que el compromiso con la solidaridad de género, en algunas mujeres en posiciones directivas en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo.

En fin, la toma de conciencia acerca de los malos tratos conyugales y de pareja tiene otro largo camino que recorrer para llegar a una situación idónea.

«Ceroagua»

El mundo de las palabras resulta fascinante, pues hay en éste curiosidades de todas clases. Por ejemplo, ¿no le parece al lector contradictorio que una lluvia intensa sea un «aguacero»?

Adopción «al vapor»

Vuelve la insistencia con acelerar el proceso de adopción en nuestro país. No hace mucho se adoptó un estatuto que facilita grandemente -- y, posiblemente, exageradamente -- un proceso tan delicado como éste. Ahora, no conforme con eso, se pretende crear para ello una primera instancia extrajudicial en el Departamento de la Familia. En el mejor de los casos -- y el nuestro ciertamente no lo es -- el foro administrativo no es el más apropiado para atender adecuadamente un asunto tan crítico como la adopción. Sabido es que el DF no es modelo de buena gestión pública, y su politización es patente. Poner en esas manos el futuro bienestar de los niños adoptados es casi criminal.

A lo anterior hay que añadir el empeño obsesivo de este gobierno de «agilizar» los trámites en el sector público a como dé lugar. El término de 75 días para completar una adopción es, de su faz, una irresponsabilidad de marca mayor. No puede haber suficiente consideración, deliberación o ponderación sobre los méritos de un proceso en un término tan breve. Esto no es un negocio ni debe ser tratado como tal. Aquí está en juego el bienestar y la felicidad de un menor de edad, y ello exige que se le trate con sumo cuidado.

Radiología del español

Hombre, hay que alegrarse de que la medicina puertorrriqueña incorpore los avances técnicos en todos sus renglones. Por ello, es de celebrar que ahora se trasmitan los resultados radiológicos electrónicamente a médicos y a pacientes. Pero, con tanto progreso, no debemos olvidar los viejos principios, tales como el de la concordancia de número en la expresión.

Hoy, en un anuncio, se dice que se da la bienvenida al Centro Radiológico del Sur «quienes hoy se convierten en el primer centro radiológico en transmitir...» Ocurre que el Centro es una entidad, o sea, un sustantivo singular; por lo tanto, los elementos de la oración que se refieren a él tienen que estar en singular. Lo correcto es «el cual se convierte». Distinto sería el caso, si se hablara de los doctores u otro personal de dicho establecimiento, a los cuales habría que referirse en plural.

Calle calle

Los deambulantes o «sin techo» presentan serios problemas a la sociedad; concretamente, al estado de derecho en sus distintas vertientes. Algunas jurisdicciones han legislado punitivamente; otras, le han reconocido derechos, a tenor con su situación peculiar. El Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito en Estados Unidos acaba de decidir que el Estado no puede tomar y destruir la propiedad desatendida de un «sin techo», sin cumplir con el debido procedimiento de ley, es decir, notificarle y brindarle la oportunidad de ser oído.

Pues, muy bien, pero un chusco diría que los «sin techo» son «sin dirección» a la cual notificarle formalmente de la intención del Estado de disponer de la propiedad suya. Por otro lado, puede ser muy difícil emplazar judicialmente a una persona que no tiene un lugar fijo de residencia.

En fin, que ni tan fácil es hacerle justicia a estos desheredados de la fortuna...

Una porquería

Hay aclaraciones o comentarios que, por ilógicos, resultan risibles. Por lo tanto, debemos guardarnos de hacerlos cuando redactamos un texto. En la noticia de la aparición de un cráneo humano que se sospecha es de una persona desaparecida hace un tiempo, se dice: «Pero, no fue hasta esta madrugada, cuando un cerdito escapado, aunque no fuera su intención, terminó alertando a las autoridades». Hombre, pero ¿es que alguien va a pensar que el cochinito podía tener alguna intención, fuera de un lado o de otro? El marrano no alertó a nadie; simplemente, quienes lo buscaban se tropezaron con el cráneo.

Se puede ser creativo, ingenioso y hasta usar el sentido figurado, pero no caer en absurdos y faltas de lógica en nuestro decir y escribir.

Fallido pero vigente

Se ha suscitado en el país un interesante debate jurídico en torno de una aparente alteración de algunas partes del recién aprobado y ahora vigente Código Penal. Todo parece indicar que se ha cambiado el texto aprobado por la Asamblea Legislativa, y el firmado por el Ejecutivo es distinto en algunos aspectos. Cosa muy grave para el estado de derecho.

Dicho eso, me parece que lo propuesto por el senador Bhatia no es posible de la forma en que lo plantea. El Código Penal es ley, y su vigencia solo puede ser suspendida por una ley al efecto. El Poder Ejecutivo tiene que aplicarla como esté, pues no tiene la facultad de dejarla sin efecto. Aun más, si ello ocurriera, ¿cuál sería el estado de derecho en lo penal en esa eventualidad? ¿El Código anterior, que fue derogado expresamente? ¿No habría entonces un vacío en el ordenamiento jurídico? Bhatia, abogado y legislador, en su afán de hacer capital político con este asunto, pasa por alto estas cuestiones medulares.

No hay duda de que hay que examinar este asunto con todo rigor, pero el remedio no puede ser dejar en suspenso la ley penal del país, en lo que se investiga.

Otro afán de distinción

Hace tiempo que no hay secretarias. Las que había pasaron a ser «asistentes administrativas» o algo así con más caché. Es parte de una ola de eufemismos para, supuestamente, darle más importancia a ciertas ocupaciones u oficios que se estimaban de menor categoría. Ocurre que, con el advenimiento de la transformación tecnológica del mundo laboral, a quienes se ocupan de los quehaceres oficinescos se les ha subido de grado con estas designaciones de reciente cuño.

Como parte de este nuevo enfoque, se han implantado cursos que preparan a este personal con certificados  o grados asociados en «sistemas de oficina». Así surge de un anuncio que publica hoy una institución educativa. Significativamente, luego de esta frase, en letra bien pequeña y entre paréntesis aparece la palabra secretarial, admisión de la verdadera naturaleza del trabajo para el cual preparan a los estudiantes.

No hay objeción a los neologismos, siempre que no se usen para adornar, disfrazar o encubrir una realidad que no tiene por qué disimularse.

Derechos [in]humanos

Los israelíes no son muy católicos que digamos en esto de respetar los derechos humanos. Así lo ha señalado un experto en el tema de la ONU, con base en la desestimación de un pleito por la muerte de una mujer aplanada por una pala mecánica que amenazaba con destruir su hogar. Sabido es que la ventaja material de Israel sobre sus vecinos árabes ha creado una mentalidad de prepotencia muy inclinada a los abusos de todas clases. Irónicamente, los perseguidos se han convertido en perseguidores, dentro y fuera de sus fronteras. Hay mucho de «el fin justifica los medios» en la defensa de su territorio. Ello ha llevado a que los tribunales -- como en este caso -- fallen desmedidamente a favor de las fuerzas armadas y el gobierno, aceptando la «razón de Estado» como fundamento para convalidar hasta los actos más atroces.

Huyendo de un fascismo, cayeron en otro.

La tristeza puertorriqueña

Nuestra gente -- sea por consanguinidad o por afinidad, dicho esto último en todos sus sentidos -- tiene serios problemas para expresarse correctamente, aun acerca de las cosas más sencillas. Hoy se cita a Jaime Espinal, medallista de plata en lucha olímpica, diciendo lo siguiente sobre sentirse dominicano y puertorriqueño simultáneamente: «Lo que más me gusta de ser dominicano es la sangre de alegría. Lo que más me gusta de ser puertorriqueño es...la oportunidad de ser puertorriqueño». Evidentemente, el muchacho debe poner en mejorar su expresión algo del empeño en convertirse en luchador.

Resulta penoso que este joven no pueda decir que «lleva la alegría del dominicano en la sangre» o algo parecido, que es lo que ha querido decir. Sobre su puertorriqueñidad, es de suponer que ha querido decir que los puertorriqueños le han dado la oportunidad de integrarse a este país, acogiéndolo como si hubiera nacido aquí. Pero, no es lo que ha dicho. (Dejo a un lado la realidad de que no somos los boricuas quienes decidimos quién viene a vivir con nosotros y permanece aquí, sino los americanos, pues, en esta relación colonial, la inmigración es un asunto en manos del Gobierno de Estados Unidos.)

Arbitraje en «cuartos oscuros»

El sector privado -- sobre todo el de los grandes intereses económicos -- siempre está buscando la forma de llevar a cabo sus fechorías fuera del ojo público, para continuar proyectando una imagen de pulcritud en su proceder, y quedar impune por violaciones de ley y de la ética. De ahí que en Delaware -- estado «sede»  de muchas corporaciones de Estados Unidos -- se aprobara una ley que permitía que las disputas comerciales entre corporaciones se dilucidaran por arbitraje confidencial, que solo se haría público si se apelaba el laudo.

Impugnado ese estatuto, un tribunal fedral ha decretado la invalidez de la ley, por restringir el acceso a la información de interés público y a la transparencia que debe haber en los procesos adjudicativos. Si bien se reconoce la utilidad del arbitraje comercial o general, dicha práctica no debe convertirse en una forma de disimular o esconder maneras de proceder comerciales o corporativas lesivas al bien común.