Realmente resulta sorprendente que no sea hasta ahora que el abuso o acoso de estudiantes contra sus condiscípulos en las escuelas del país esté prohibido reglamentariamente. Tratándose de un problema de toda la vida, ahora descubrimos que no figura como una práctica proscrita que dé lugar a sanciones disciplinarias. Como el principio de legalidad impide que se actúe contra alguien por una conducta que no esté específicamente prohibida --«lo que no está prohibido, está permitido» -- importa tipificar el acoso para proceder en su contra.
Por supuesto, dudo mucho que las autoridades escolares hayan permanecido impasibles todos estos años ante casos claros de abuso de unos estudiantes contra otros. Estoy seguro de que se habrán invocado otras disposiciones reglamentarias relacionads con la disciplina y el orden institucional, para atender situaciones como éstas. No obstante, se da un paso correcto, al ajustar el ordenamiento escolar a una realidad creciente en número y virulencia en nuestras escuelas.
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