Compartir Un remedio peor que la enfermedad

Habrá que ver con qué viene el anunciado proyecto de ley sobre impericia médica, pero con esos ruidos no debemos dormirnos. Aquí la clase médica, en general, lo que quiere es una especie de inmunidad absoluta para ejercer la profesión tranquilamente sin el "temor a ser demandado." Pero, eso no puede ser; ni aquí ni en otra parte del mundo civilizado. El que tenga miedo que se compre un perro. Todo profesional o cualquier hijo de vecino puede causar daño, mediando culpa o negligencia, y tiene que responder por ello. Esa es la norma jurídica universal. Si accedemos a la pretensión de los médicos, tendríamos que hacer lo mismo con el resto de la humanidad. A menos que legislemos para privilegiar a los galenos porque son mejores que el resto de los mortales. ¿Y dónde quedaría el principio constitucional de la igual protección de las leyes?

Muy ladinamente, se dice que sólo deben responder los que incurran en "negligencia crasa", pero, claro, eso lo van a decidir colegas de la misma especialidad del demandado, como si hubiera un universo de médicos disponibles y dispuestos a evaluar y a condenar a sus pares. ¿Y qué pasa con las "negligencias" que no son "crasas?" Pues, supongo que a ésas no se les dará curso judicial, y al paciente fastidiado se le dirá "¡ ay, bendito!" y al médico se le dará un regañito por ser descuidado. El doctor Rivera Dueño debe presentar datos fehacientes para sostener su afirmación de que "aquí se demanda por cualquier cosa." Sería bueno conocer los detalles de las reclamaciones por impericia, para que el país juzgue si es cierto que la inmensa mayoría son frívolas o viciosas o, si nos ocurrieran esas cosas, nos íbamos a quedar con los brazos cruzados.

Los líos entre los médicos y las aseguradoras los deben arreglar entre ellos, sin perjudicar los derechos de los pacientes afectados. Si las aseguradoras se quieren pasar de listas, como señala el Secretario de Salud, eso tendrá otras soluciones, pero no puede ser a costa de la indemnización justa y razonable de los daños sufridos por los pacientes.