El anunciado pleito para reclamar paridad en los fondos públicos producto del IVU para los municipios debe ser un "bombito al cuadro" para cualquier tribunal medianamente competente. El discrimen es patentemente insostenible. Debe bastar una solicitud sencilla de sentencia declaratoria, para que se resuelva favorablemente a los alclades populares.
Esperemos que el juez o la jueza no se enrede en la toga que le haya puesto una administración azul.
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