La noticia de que el Departamento de Estado incumple su función de reglamentar la profesión de bienes raíces, al no ofrecer el examen de licenciamiento correspondiente, apunta a un viejo problema en el ámbito regulador que trasciende este caso particular. Desde hace, por lo menos, 20 años, con la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, se inició un esfuerzo de puesta al día de todo el aparato reglamentario. A pesar de esos esfuerzos, el Estado no ha podido superar totalmente unas deficiencias que se siguen manifestando. Cierta resistencia de parte de las propias agencias a mantener al día y mejorar sus procesos internos ha tenido mucho que ver con este estado de cosas.
Los sectores regulados - alérgicos a la fiscalización - también han hecho todo lo posible por sabotear el mejoramiento de los esquemas reglamentarios. Impugnando a cada paso - sobre todo en la Corte Federal - la facultad del Estado para reglamentar, el sector privado ha neutralizado el poder gubernamental para controlar y ordenar múltiples asuntos.
Así, la inercia oficial y el desmantelamiento judicial del andamiaje regulador han traído a menos esa importante función pública.
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