La demanda para que el Gobernador cubra las vacantes en el Tribunal Supremo y el Senado confirme dichos nombramientos es un planteamiento jurídico interesante, pero, en última instancia, inútil. El Poder Judicial no va a obligar a los otros dos a realizar lo que, en esencia, son sus prerrogativas políticas. Se trata de un asunto sobre el cual el pueblo, en noviembre, podrá votar y resolver. Una solución obvia es elegir el Gobernador y el Senado de un mismo partido, evitando o, por lo menos, reduciendo significativamente, el impasse actual.
El poder judicial tiene unos límites reconocidos desde hace mucho. No es posible ni deseable usarlo para forzar al ejecutivo y al legislativo a llevar a cabo ciertas funciones. El día de las elecciones, el país entero se constituirá en el Tribunal del Pueblo y ajusticiará a quienes han jugado a la política partidista con asuntos de esta índole. Ese dictamen, final, firme e inapelable, es la mejor respuesta a la codicia y la desidia del poder.
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