No puede estar en discusión ni puede haber duda legítima de si los contratos con asesores y cabilderos del Gobierno de Puerto Rico en el asunto de la deuda pública son documentos públicos. Por lo tanto, el culipandeo para su entrega a la oposición política y a la prensa es un ejercicio prepotente e inconstitucional, al igual que una burla a la democracia. Es evidente que no se quiere revelar el gasto a manos llenas en estos individuos que, en medio de una crisis económica, le cobran una millonada a un país quebrado, si no de jure, de facto.
El Gobierno de Puerto Rico, acorralado por la Historia de su devenir colonial tantas veces negado, e incompetente en grado sumo, tiene que recurrir a estas aves de rapiña, que cuestan un ojo de la cara, para que le digan en inglés lo que los buenos economistas puertorriueños llevan décadas diciéndole en español.
Que haya que ir al tribunal para obtener lo que claramente procede en Derecho es otro gasto innecesario provocado por este desgobierno.
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