Lo ocurrido en Kansas demuestra la necesidad de legislación para darle mayor solidez a las protecciones de grupos minoritarios y tradicionalmente marginados. Sucede que el anterior gobernador del estado había promulgado unas órdenes ejecutivas para proteger los derechos de los empleados públicos del grupo cuya inclinación sexual o identidad de género queda recogido con las siglas «lgbtt». Ahora, el actual incumbente las ha dejado sin efecto, y con ello ha vuelto el desamparo jurídico de estas personas que, por los prejuicios en su contra, suelen ser muy vulnerables al arbitrio y el capricho patronal. Irónicamente, mientras ello ocurre en el gobierno, en el sector privado hay empresas que han adoptado normas para proteger los derechos de esos empleados.
La lucha por la igualdad jurídica es larga y está llena de escollos. Ninguno peor que el del propio Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario