El poder coactivo del Estado debe aplicarse con suma prudencia. Si bien hay un interés legítimo, y a veces apremiante, en que se cumplan las leyes o se logren ciertos propósitos de bienestar social, no siempre es aconsejable usar la fuerza o sancionar penalmente para ello.
La propuesta legislativa de multar a los padres de niños obesos es, claramente, una mala idea, no solo desde el punto de vista legal, sino como política pública de índole social. Estipulado que la obesidad en general y la infantil en particular son problemas serios de salud. Claro que los padres tienen el deber de velar por el bienestar de sus hijos menores de edad. Pero, de eso a imponerles una sanción económica sustancial porque sus hijos no logren reducir su peso en determinado periodo es una extralimitación del poder del Estado. Ni decir que encargarles a los Departamentos de Educación y de Familia este asunto es aumentar desmesuradamente su ya abultada agenda.
Este es un asunto de salud que merece atención mediante esfuerzos de orientación general al pueblo y a las familias en las cuales existe este problema. Como se ha señalado muy acertadamente, en muchas ocasiones, la obesidad tiene causas que están fuera del control de quienes la padecen o de las personas en su entorno familiar. Castigarlos por algo así sería manifiestamente injusto e inútil.
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