«Justicia tardía no es justicia». Nada lo ejemplifica mejor que el encausamiento de nonagenarios oficiales nazis que «prestaron servicio» en campos de exterminio. Son varios los casos en que Estados Unidos y Alemania han tardado 50, 60 y hasta 70 años en, alegadamente, reunir la prueba suficiente para acusarlos y someterlos a juicio. Por supuesto, en el camino, se han muerto algunos de ellos; otros, por razones obvias, han cumplido muy poco de su sentencia de reclusión.
Francamente, todo eso es una burla a la justicia y un insulto a la memoria de las víctimas y sus familiares. El estado de derecho se ha manipulado para permitir que estos monstruos hayan vivido en paz y tranquilidad durante décadas. Aun después de haber sido identificados como autores de esos hechos horrendos, los sistemas jurídicos de Estados Unidos y de Alemania han aplicado un exceso de «debido procedimiento de ley», que ha dilatado absurdamente la adjudicación final y firme de procedimientos de extradición y de posterior enjuiciamiento.
En gran medida, no ha habido suficiente voluntad política para hacer justicia inmanente.
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