Cada cierto tiempo, surge la propuesta para aumentar o disminuir la edad a la que se alcanza la mayoridad. Entonces se esgrimen los más variados argumentos para bajarla o subirla. Ciertamente, se trata de una apreciación muy subjetiva acerca de la capacidad del individuo común y corriente para manejar responsablemente sus asuntos y responder por ello legalmente. Por supuesto, hay jóvenes muy maduros, y adultos muy inmaduros, pero, en algún sitio hay que «tirar la raya».
Claro está, nunca ha habido una sola edad umbral para acceder a ciertos deberes, derechos o privilegios. Baste recordar que a los 16 años se puede tener licencia para conducir un vehículo de motor, y a los 18 años licencia para matar en las fuerzas armadas de, en nuestro caso, Estados Unidos. No obstante, para la inmensa mayoría de los negocios jurídicos, hace falta tener 21 años o la autorización parental o del tutor.
Reducir la edad de la mayoridad a 18 años plantea el problema de la posibilidad de terminar a esa edad el deber alimentario de los padres, a menos que pueda resultar en un desamparo para muchos que todavía no están en posición de procurarse el sustento sobre todo en una economía tan frágil como la que se vive. Ello ha llevado a considerar legislar la extensión de ese deber hasta los 21 años. La realidad es que se ha reconocido jurisprudencialmente que existe el deber paterno de continuar pagando por estudios iniciados mientras se es menor de edad, algo que cubriría hasta los 22 años, edad en la que terminan la mayoría de los bachilleratos o los 23 años, en el caso de la arquitectura y las ingenierías. Como cuestión de hechos, el estudio y el trabajo es la realidad de muchos jóvenes para sostenerse antes y después de la mayoridad, sea la que sea.
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