En Estados Unidos continúa la contienda judicial entre la secretividad oficial -- de marcado corte fascista -- y los defensores de los derechos civiles y humanos. Un juez federal de California acaba de declarar la inconstitucionalidad del estatuto que le permite al FBI obligar a las compañías de telecomunicaciones a entregarle información de sus suscriptores, sin siquiera informarles de ello. Esta legislación es parte de un esquema más amplio que, con la excusa de combatir el terrorismo ha convertido a Estados Unidos en un país claramente totalitario, donde la «seguridad nacional» es un mantra que pretende justificar las más crasas violaciones a los derechos constitucionales.
Por supuesto, es de esperar que el gobierno de Obama -- otrora profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chicago -- apele esta decisión, y habrá que ver si a instancias más altas de esa judicatura federal algo sumisa a los designios del Poder Ejecutivo se reivindican los derechos constitucionales del pueblo, esos que el profesor Obama dejó olvidados en una gaveta universitaria en Chicago.
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