La Constitución de Puerto Rico prohíbe la pena de muerte. El Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, a través de la Fiscalía Federal y del Tribunal Federal, encausan y juzgan a puertorriqueños por delitos cometidos en Puerto Rico sujetos a la pena de muerte, de acuerdo con su legislación. La supremacía del poder americano en nuestro país no tiene ejemplo más dramático y doloroso. El Gobernador de Puerto Rico y su Secretario de Justicia quedan reducidos al lastimoso rol de «pedir» al imperio que, por favor, no apliquen la pena de muerte en Puerto Rico.
Habida cuenta de lo anterior, ¿puede hablarse de democracia, estado de Derecho y derechos humanos en nuestro país, cuando no podemos hacer valer el más fundamental y sagrado de todos los derechos, es decir, el derecho a la vida?
La colonia anula toda manifestación legítima del Derecho, la Justicia y la Verdad.
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