No hay duda de que resulta anómalo que un funcionario del Gobierno de Puerto Rico rinda servicios por contrato, mientras es empleado de una entidad de un gobierno municipal de Estados Unidos. Que el Superintendente de la Policía de Puerto Rico sea el jefe de seguridad del puerto de Miami, Florida es algo insólito, no solo desde el punto de vista legal, sino gubernamental. No es buena política pública tener en un puesto de tanta responsabilidad a alguien con esa dualidad de funciones. La mejor prueba de ello es la dilatada controversia acerca de su permanencia en el puesto y la renegociación del contrato. Si el señor Pesquera tuviera un nombramiento en propiedad como empleado del Gobierno de Puerto Rico, nada de esto se habría dado.
Solamente la imposición del Gobierno de Estados Unidos explica este desacierto legal y gubernamental, que esperamos no se convierta en un precedente para otros cargos en el Gobierno de Puerto Rico.
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