La ONU ha expresado su preocupación con la proliferación de elementos de seguridad privada en Honduras, donde hay cerca de 700 empresas de esta índole, y la proporción de guardias privados a los del Estado es de cinco a uno. Dejando a un lado el hecho de que en muchos de estos casos se trata de mercenarios «adecentados», lo cierto es que no es bueno para el estado de Derecho esa preponderancia del sector privado en el renglón de la seguridad.
Aunque el caso de Honduras pueda ser extremo, es parte de una tendencia mundial muy peligrosa. La llamada industria de la seguridad ha crecido exponencialmente, basada en el miedo al crimen y al terrorismo, que en algunos países es significativamente mayor que en otros. Aquí en nuestro país es casi imposible dar un paso sin tropezarnos con algún guardia privado, usualmente de mentalidad obtusa y prepotente, imponiéndonos condiciones y normas particulares en su «jurisdicción». En ocasiones se trata de fuerzas al servicio de grandes intereses económicos, que se usan para reprimir manifestaciones legítimas de estudiantes o trabajadores, como hemos visto recientemente.
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