Hay que aplaudir las buenas intenciones del gobernador García Padilla al proponerse reconocerle ciertos derechos civiles y humanos a los indocumentados en nuestro país. Si fuéramos un país libre y soberano, la cosa acabaría ahí. Pero, no lo somos, y todo lo que se hace en nuestra tierra tiene que tener el aval de Estados Unidos. El asunto de la inmigración es de la exclusiva competencia de los americanos, quienes pueden ser tan arbitrarios o caprichosos como quieran en este renglón. Basta que ellos decidan que es contrario a sus intereses nacionales algún acomodo como uno de los propuestos, y se va al piso esa torre de naipes.
Ojalá no ocurra un cambio así, quedando mal el Gobernador en su gestión de buena fe, pero la subordinación jurídica y política que padecemos lo expone a ello.
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