En un país en el que el gobierno central manipulaba la legalidad a su conveniencia, no es de extrañar que a nivel municipal se hiciera lo mismo o peor. El caso del Municipio de Corozal, donde se aumentaba el sueldo del alcalde al margen del procedimiento legal al respecto, es muestra de ello. Ahora se descubre que no hubo, desde 2007 hasta el presente, constancia fidedigna de la evaluación de los criterios dispuestos por ley para dichos aumentos de sueldo ni justificación de otra índole. En fin, la Asamblea Municipal los autorizaba por fe o a ojo de buen cubero, en claro contubernio con el alcalde. Las respuestas dadas al señalamiento de la Oficina del Contralor son insuficientes en derecho y políticamente inaceptables.
A ver si se le reclaman esos $31,200 que se pagaron de manera ultra vires y se sancionan a quienes conspiraron para favorecer al alcalde indebidamente.
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