Aguijoneadas por las críticas de las autoridades federales en Puerto Rico, las nuestras han salido despavoridas a responder aspavientosamente con anuncios de reformas del ordenamiento jurídico penal, sustantivo y procesal. Aunque algo de ello pudiera ser necesario, lo cierto es que «la calentura no está en la sábana». El problema no es un derecho penal o procesal penal deficiente o insuficiente, sino una cultura de trabajo de policías, fiscales, abogados y jueces que permite la ineficiencia y el fracaso de la justicia. Es el abuso de la discreción en todos los ámbitos y la forma lata con que se interpretan los mecanismos de control y las normas reguladoras de los procesos. El sistema siempre tendrá que contar con una flexibilidad en la aplicación de las reglas; de lo contrario, sería «contrario a Derecho». Pero, la falta de disciplina y de rigor y la actitud pasiva permiten que la justicia penal sea ineficaz, tardía y, en algunos casos, absurda.
Las leyes, las reglas y las normas jurisprudenciales no se cumplen cabalmente. Las podemos cambiar veinte veces, pero, si no hay voluntad colectiva de ponerlas en vigor rigurosamente, de nada valen las enmiendas y reformas. En esto, como en tantas otras cosas, nada hay nuevo bajo el sol. Lo único sería tomarnos en serio hacer que el sistema de justicia criminal funcione.
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