Hay en nuestro país una tradición de caciquismo, tanto a nivel nacional como municipal, que lleva a ciertos funcionarios electos a actuar como reyezuelos en sus respectivas comarcas. En este contexto sufre el estado de derecho, pues se obvian leyes, reglamentos y ordenanzas y se pretende gobernar casi por decreto. Ahí se tienen los casos recientes de Barceloneta y Cataño, cuyos alcaldes, cada uno de distinta manera, hacen y deshacen.
La autonomía municipal, que es una realidad jurídica, ha sido abusada y malinterpretada, a veces por desconocimiento y otras veces a propósito, para satisfacer egos y para cumplir agendas políticas. En ciertos pueblos pequeños, la figura del alcalde pesa mucho y la falta de cultura política lleva a los ciudadanos a apoyar estos desmanes.
Toca a las autoridades del gobierno central actuar decisivamente para ponerle coto a estas prácticas lesivas al buen gobierno.
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