La pérdida del poder político no puede ser compensada con el auxilio del tribunal. Como regla general, los tribunales se abstienen de considerar las «cuestiones políticas» o decisiones de política pública formuladas por las legislaturas y los poderes ejecutivos, los cuales tienen la responsabilidad de gobernar. No resulta fácil, pues, para la oposición revertir un programa de gobierno, acudiendo continuamente al foro judicial para cuestionar lo que el gobierno de turno hace.
En nuestro caso, se complican las cosas, dada la manifiesta declaración de la mayoría en el Tribunal Supremo de que se responde al mandato de las urnas. Ante esa aplastante realidad, el «caso» que hay que ganar es el de noviembre de 2012, pues, de lo contrario, no hay gran cosa que buscar en los tribunales.
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