En medio de este reperpero por las denuncias de delitos, faltas administrativas y conductas contrarias a la ética en la judicatura y otros componentes de la administración de la justicia, si algo llama la atención es la lentitud con la que se conducen las investigaciones, se rinden los informes y se adjudican los asuntos. Es verdaderamente preocupante que el sistema tarde tanto en resolver cualquier controversia o cuestión que se le plantee. No parece haber sentido de urgencia en dilucidar si un funcionario ha obrado mal y debe sancionársele por ello. Es como si no se quisiera tomar una decisión desagradable para el individuo o perjudicial a intereses partidistas.
La justicia, para serlo verdaderamente, tiene que ser oportuna. Las fechas que surgen de la cronología de los asuntos denunciados son harto elocuentes. No se ha hecho suficiente énfasis en la tardanza excesiva en ocuparse de estas cuestiones. Hay en esa dilación un problema tan importante como las faltas a la moral pública que continúan saliendo a relucir.
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