Hay que estar pendiente de un par de cosas en el caso del excura de Arecibo que finalmente admitió su culpa, aunque algo atenuada, por conducta sexual impropia con un menor. Ya logró que le reclasificaran el delito, por lo cual la pena a la que se expone es significativamente menor. Ahora queda a la discreción de la jueza sentenciadora ponerle el mínimo o el máximo, incluso beneficiándolo con una sentencia suspendida. Esperemos que no abuse de su discreción, con un «vete y no peques más».
Pero, hay algo más grave aquí. Aparentemente, la víctima alega que fue inducido por el Obispo de Arecibo a firmar un documento con el que se comprometía a dejar que fueran las autoridades eclesiásticas las que manejaran este asunto. De ser cierto, se trataría de una obstrucción de la justicia, y un escándalo mayúsculo, en una institución que no soporta uno más. Ciertamente, la conducta del Obispo de Arecibo en todo esto resulta sospechosa, sobre todo porque es el único prelado de la Iglesia católica puertorriqueña que ha asumido una actitud contenciosa y litigiosa al respecto. Quizá para ganar tiempo para convencer a las víctimas para que no declaren ante las autoridades civiles.
Sea como fuere, se trata de un asunto que debe ser investigado y llevado hasta las últimas consecuencias.
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