La resistencia a cumplir con el dictamen judicial que abrió a los Testigos de Jehová los portones de las encastilladas urbanizaciones con acceso controlado parte de una animosidad y un prejuicio muy particular contra este grupo religioso. Los gobiernos municipales arrastraron los pies cumpliendo con la sentencia, las urbanizaciones también, y todavía hay algunas que se resisten a hacerlo. Igualmente, la Policía da muestras de displicencia en hacer cumplir el estado de Derecho en un importante asunto de derecho constitucional.
En fin, aquí se ha orquestado una especie de «desobediencia civil» para conculcar un derecho reconocido y afirmado por el tribunal. Es algo preocupante, que no se debe permitir, pues constituye un reto muy grave al imperio de la ley, en aspectos tan fundamentales como el libre tránsito, la expresión y la práctica religiosa. El discrimen por razón de credo religioso, no importa la forma en que se manifieste, tiene que ser rechazado y sancionado severamente.
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