Tumbados

La creatividad popular hace tiempo acuñó la palabra tumbe para referirse a un esquema o maniobra mediante la cual una persona obtiene de otra un beneficio económico desproporcionado, ilegal o indebido. El término se ha generalizado, y cubre los negocios privados y los públicos. El país es testigo y víctima de «tumbes» de todas clases, por la falta de  escrúpulos y honradez en el sector privado y en el gubernamental. Con las empresas hay que estar «ojo al pillo»; el gobierno, sea por improvisación o ineptitud, nos tiene agobiados tributariamente.

En fin, los puertorriqueños hemos recibidos tantos «tumbes» últimamente, que estamos tumbados...

Lo que no es de César

El Secretario de Justicia dice que acatará la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, sobre el matrimonio homosexual. ¡Como si tuviera otra opción! Claro que podría ir al Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero, si ese foro se ha negado a ver el caso llevado hace poco por 32 estados, no va a ver un caso llevado por el territorio de Puerto Rico. César Miranda está apostando a que Boston revoque a San Juan, y entonces le pueda decir al Gobernador que, independientemente de sus criterios personales -- el suyo y el del Gobernador -- , ese es el estado de derecho, y hay que aplicarlo.

Es cosa bien sabida que, en cuestión de derechos fundamentales -- qué puede serlo más que el derecho a aparejarse con la bendición del Estado -- la norma jurídica la dicta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, para esa nación y para esta que le pertenece. Por lo tanto, importa poco lo que crean los tres poderes «constitucionales» de este país, La última palabra la tienen los amos del Norte.

Todo lo demás son patéticos disimulos de funcionarios abochornados por su rol sumiso.

A sabiendas

En el Derecho -- sobre todo en el penal -- mucha de la responsabilidad de un sujeto está condicionada a que sus actos hayan sido hechos a sabiendas, es decir, «de un modo cierto, a ciencia segura...con conocimiento y deliberación». Parecería que determinar algo así no debe ofrecer mayor dificultad, pero es el caso que, con alguna frecuencia, se producen decisiones jurídicas y judiciales basadas en que se estima que no es posible probar ese elemento. Entonces, no se presentan acusaciones o las que se presentan son por delitos menores. O no se encuentra causa, o se la encuentra por delitos menores. O se absuelve porque se estima que no se ha probado ese elemento.

Lo cierto es que algunos fiscales y jueces tienen una idea muy particular acerca de lo que es «a sabiendas», y la aplican de manera sorprendente en ciertos casos, para lograr resultados exculpatorios o de responsabilidad muy atenuada.

Un voto contra la trampa

Aplaudo la decisión de la Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia que valida la facultad de la Comisión Estatal de Elecciones de haber nombrado un comité ad hoc en los casos de fraude electoral de los comicios pasados. Lo cierto es que dicho grupo ayudó grandemente a esclarecer ese atentado contra la democracia, en su ámbito electoral. La impugnación judicial no ha sido otra cosa que una maniobra para desacreditar y eliminar el ente que investigó esa conspiración tramposa.

Afortunadamente, la jueza no se dejó convencer por argumentos manidos para cuestionar la potestad de delegar la función de investigar y recibir prueba en unos distinguidos letrados, que rindieron un contundente informe respecto de los manejos electorales. Espero que, de producirse algún recurso apelativo, las instancias superiores sostengan este dictamen en beneficio de la democracia puertorriqueña.

Radical

Hay palabras que tienen «mala fama». Radical es una de ellas, pues se la asocia con revolución o violencia política, por los que favorecen el statu quo, que suele ser la mayoría. Pero, es el caso que el término se refiere a lo relacionado con la «raíz» de algo. En el contexto político y socioeconómico, se trata de aquello que va a la raíz de los problemas de esa índole en una sociedad, y propone soluciones partiendo de esa base, no meramente de los efectos más ostensibles o tangibles.

La persona radical cree que «a grandes males, grandes remedios», es decir, «no se anda por las ramas». Muchas veces ese enfoque supone poner patas arriba una sociedad, para curarla de sus males. A los que les ha ido bien en el estado de cosas imperante, el radical es su mortal enemigo, y hay que denostarlo con etiquetas conceptuales negativas.

La voz en la sombra

Los que se han rasgado las vestiduras porque se admitan los anónimos como fuente para iniciar investigaciones acaban de tener una respuesta contundente y elocuente. El destape del esquema en la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo su raíz en una comunicación anónima al Director Ejecutivo, quien hizo lo sensato: dar parte a las autoridades pertinentes.

Lo cierto es que, a menos que se trate de algo que, de su faz, sea descabellado, las denuncias hay que investigarlas, aunque no vengan revestidas de las tradicionales «garantías circunstanciales de confiabilidad» ni de las formalidades usuales del derecho de la prueba. A poco que se realice la investigación, ya se irá viendo la verdad. Lo que no puede hacerse, por supuesto, es tomar una acción que afecte a otra persona de manera significativa a base meramente de un anónimo. Pero, no se puede descartar de plano una denuncia solo porque se haga anónimamente.

Mi querella

Aunque la palabra querella no es ni remotamente nueva, y es de uso común, se ha puesto muy en boga en época reciente en nuestro país, por la impugnación en los foros administrativos y judiciales de cierto proceder de funcionarios. Bien sea en casos como los de ética gubernamental o los disciplinarios de la abogacía o la judicatura, asistimos casi a diario a la ventilación de quejas formales sobre el comportamiento de abogados o jueces, por abuso o incumplimiento de su ministerio. Lamentablemente, con frecuencia, los resultados son decepcionantes y, a veces, hasta escandalosos, por lo divorciados que se nos presentan de la realidad y la sensatez.

En fin, el país se querella, es decir, «expresa un sentimiento doloroso», ante las decisiones y resoluciones de las querellas en el ámbito de la justicia.

¡Salió de oro!

Oscar Pistorius ha vuelto a sorprender al mundo. Primero fue por sus innegables dotes de corredor, sobre todo por serlo con prótesis en ambas piernas. Ahora porque, luego de matar a tiros a su novia, ha sido «recompensado» con una sentencia de cinco años de reclusión y la posibilidad de salir a prueba luego de 10 meses. ¡Mejor que una medalla de oro olímpica!

Esta sentencia resulta totalmente absurda y ridícula. Aun la de 10 años que solicitaba la fiscalía sudafricana era un insulto a la memoria de la víctima, pues infravaloraba su vida. Que la familia de ella se dé por satisfecha pone a pensar en qué clase de gente es esta. La vida es el bien y el valor supremo; nada merece mayor castigo que quitarla, sobre todo ilegalmente, bien sea con alevosía o por negligencia. Una sentencia tan corta desmerece la vida humana y constituye un abuso de discreción judicial monumental.

Prevaricación

Aunque no se estila su uso en nuestro mundillo jurídico -- tan empobrecido intelectualmente -- la palabra prevaricación viene como anillo al dedo en estos días en que los tribunales y otros foros han quedado en entredicho por escándalos descubiertos y otros en vías de surgir a la luz pública. Sin conocer el término, ya la gente percibe el «delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario». Como puede verse, la falta se da tanto en el foro administrativo como en el judicial. No se trata, por supuesto, de equivocaciones de buena fe ni hijas de una fallida apreciación de la prueba o de una incorrecta aplicación del derecho, sino de un proceder avieso o doloso.

Una resolución «de antología»

He leído las 92 páginas de la resolución emitida en el caso de ética del ex Secretario de Justicia Luis Sánchez Betances. La exjueza Lourdes Velázquez Cajigas ha creído lo que más nadie creería, aceptando la peregrina tesis de que se es funcionario a tiempo parcial, y que, cuando el querellado intervino en el arresto de su amigo, lo hizo en su carácter de ciudadano particular. Por lo tanto, no le aplicaba la Ley de Ética Gubernamental.

Sobrecoge tal «ingenuidad».

Lo cierto es que, de la lectura de los hechos que se dan por probados, surge claramente, para un ánimo no prevenido, la certeza moral del incorrecto proceder del entonces Secretario. Pero, la exjueza prefirió enjuiciar el comportamiento del policía, y concentró casi toda su atención en ello, obviando aspectos muy reveladores en la versión del querellado. Ergo, convirtió a Sanchéz Betances en «víctima», y lo declaró limpio de polvo y paja.

Obstrucción a la justicia

En estos días, se pone sobre el tapete la palabra obstrucción -- de la justicia, concretamente -- en la discusión de los casos de pederastia en la Diócesis de Arecibo y en el del ex Secretario de Justicia que intervino en el arresto de su amigo. En el primero, todo apunta a que el Obispo ha hecho lo indecible, dentro y fuera del tribunal, para que las víctimas no declaren, y con ello  impliquen más al clero arecibeño. En el segundo, el exfuncionario intentó por todos los medios que el asunto se resolviera en la escena de los hechos, sin que se procediera contra su «amigo del alma».

En uno y otro caso, no se ha hecho justicia cumplida.

Pidiendo la luz por señas

Pide tiempo la defensa del juez Acevedo Hernández porque su abogado alega que tiene que examinar "miles" de piezas de evidencia. Pues, el dato no pinta nada bien para el juez. Si hay tanta prueba en su contra, alguna de ella -- quizá mucha -- tiene que ser cierta.

La verdad es que, en gran medida, ese caso está adjudicado hace tiempo. La aceptación de culpa del otro Acevedo -- Lutgardo -- fue el presagio de su condena. No hay posibilidad alguna de que el juez salga no culpable, porque inocente, ni se diga.

Desaforo por decepción

El Tribunal Supremo de Puerto Rico acaba de desaforar a una abogada por presentar una demanda frívola por impericia médica. Dicho así sería causa de celebración de los médicos -- casi todos -- que aseguran que casi todas las demandas por impericia profesional son «frívolas». Pero, el caso es distinto. Lo que ocurrió es que la abogada ocultó reiteradamente al tribunal que tenía dos informes periciales que exculpaban al doctor demandado. Por lo tanto, indujo a error al tribunal y prolongó un pleito que no tenía méritos. Esa es la verdadera causa de su desaforo.

La distinción es importante. No se trata de que, visto el caso en sus méritos -- es decir, luego de examinada la prueba --  se concluyera que la demanda era frívola, sino que la abogada de la demandante engañó al tribunal ocultando prueba importante. El desaforo hubiera procedido igualmente, si la abogada hubiera ocultado alguna otra prueba fundamental. A los tribunales no se les puede mentir mediante fraude o inducirlos a error ocultando la verdad.

Aclarado el expediente.

«Yo soy yo y mi [familia]»

Nepotismo es una «mala palabra» muy vieja pero de perenne actualidad en la administración pública en todo el planeta. El Diccionario de la RAE nos dice que procede del italiano nepote, que significa «pariente y privado del Papa». No digamos más.

Este favoritismo familiar en el servicio público es casi consustancial al ejercicio del poder político, dificilísimo de erradicar, con casos muy chocantes y notorios. A veces se piensa que es cosa tercermundista, hasta que uno recuerda el caso del mítico JFK, quien nombró Attorney General a su no menos mítico hermano RFK.

En fin que, cuando en la democracia par excellence se da una desfachatez como ésa, y todo el mundo la aplaude y luego la llora, cuando se consuma la venganza kármica de Marilyn, qué queda para los meros mortales en el resto del mundo: nombrar a parientes y dolientes para aprovechar su cuarto de hora en el poder. 

Acceso [des]controlado

La resistencia a cumplir con el dictamen judicial que abrió a los Testigos de Jehová los portones de las encastilladas urbanizaciones con acceso controlado parte de una animosidad y un prejuicio muy particular contra este grupo religioso. Los gobiernos municipales arrastraron los pies cumpliendo con la sentencia, las urbanizaciones también, y todavía hay algunas que se resisten a hacerlo. Igualmente, la Policía da muestras de displicencia en hacer cumplir el estado de Derecho en un importante asunto de derecho constitucional.

En fin, aquí se ha orquestado una especie de «desobediencia civil» para conculcar un derecho reconocido y afirmado por el tribunal. Es algo preocupante, que no se debe permitir, pues constituye un reto muy grave al imperio de la ley, en aspectos tan fundamentales como el libre tránsito, la expresión y la práctica religiosa. El discrimen por razón de credo religioso, no importa la forma en que se manifieste, tiene que ser rechazado y sancionado severamente.

Melancolía puertorriqueña

Hay palabras que se ponen de moda en esta ínsula abaratada. Hace un par de días, el Gobernador usó el término «melancólico», en referencia a lo que no era su enfoque hacia la cultura. Obviamente, lo que quiso decir fue que no era nostálgico, distinción que está fuera de sus menguadas capacidades lingüísticas.

Ahora,  la prensa se hace eco del disparate, al decir en un editorial: «Ese archivo [Archivo General de Puerto Rico] no es un simple almacén de papeles melancólicos, sino el refugio de una documentación viva...». Esto me recuerda el reciente uso de García Padilla del vocablo «silvestre» para referirse a la discusión interna en su partido sobre la relación con Estados Unidos.

Lo verdaderamente melancólico es tener un Gobernador tan ignorante.

Una objeción judicial

No es noticia que  el abogado que le dijo al juez que se pusiera en el lugar del acusado que él defendía  de tener relaciones sexuales con una menor por dinero, mientras también las tenía con una mayor de edad, ha tenido que renunciar a esa representación legal. No conforme con eso, el abogado había dicho que un trío así es «el sueño de todo hombre». Dejando a un lado la razón que -- a calzón quitao --  pueda tener el abogado, incurrió en una indiscreción rayana en el desacato en corte abierta.

No todo lo que uno diría, en broma o en serio, fuera del tribunal se puede decir en el salón de sesiones como parte de un proceso judicial. Hay que mantener una actitud de respeto y solemnidad, que no puede ser vulnerada con comentarios de mal gusto o que insinúen que el juez u otro funcionario del tribunal pueda ser partícipe de una actividad ilegal o inmoral. Una argumentación así es la «mejor» forma de perder un caso.

El reino de la lenidad

El acontecer actual en el ámbito de la administración de la justicia en nuestro país trae a la mente la palabra lenidad. El término significa «blandura en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas», una situación que, día a día, se comprueba ha estado aquejando a la judicatura puertorriqueña desde hace décadas. No se trata, pues, de que se desconocieran las faltas -- algunas de ellas gravísimas -- sino de que se fingió que no se sabía de ellas o se toleraron, con más o menos disimulo.

El problema ha sido que «son muchos los hijos del muerto», y como no hay «quien esté libre de pecado», no ha habido la valentía de «tirar la primera piedra». Es un hoy por ti y mañana por mí. Un hacerse de la vista larga; una condescendencia con el compañero porque algún día se va a necesitar esa misma «comprensión». Entonces, se toleran unas cosas, con la esperanza de que no se sepan fuera del mundillo judicial o jurídico, gracias a esa conspiración de silencio. Solo se actúa cuando el asunto se convierte en un escándalo público, y aun así se toma mucho tiempo en atenderlo, y con frecuencia las sanciones son un insulto a la inteligencia y a la sensibilidad de la gente.

Condena sin pena

Hay que estar pendiente de un par de cosas en el caso del excura de Arecibo que finalmente admitió su culpa, aunque algo atenuada, por conducta sexual impropia con un menor. Ya logró que le reclasificaran el delito, por lo cual la pena a la que se expone es significativamente menor. Ahora queda a la discreción de la jueza sentenciadora ponerle el mínimo o el máximo, incluso beneficiándolo con una sentencia suspendida. Esperemos que no abuse de su discreción, con un «vete y no peques más».

Pero, hay algo más grave aquí. Aparentemente, la víctima alega que fue inducido por el Obispo de Arecibo a firmar un documento con el que se comprometía a dejar que fueran las autoridades eclesiásticas las que manejaran este asunto. De ser cierto, se trataría de una obstrucción de la justicia, y un escándalo mayúsculo, en una institución que no soporta uno más. Ciertamente, la conducta del Obispo de Arecibo en todo esto resulta sospechosa, sobre todo porque es el único prelado de la Iglesia católica puertorriqueña que ha asumido una actitud contenciosa y litigiosa al respecto. Quizá para ganar tiempo para convencer a las víctimas para que no declaren ante las autoridades civiles.

Sea como fuere, se trata de un asunto que debe ser investigado y llevado hasta las últimas consecuencias.

Todos somos Joseph K.

Si alguna palabra describe perfectamente el estado de cosas posterior al 11 de septiembre de 2001 en lo que respecta a los derechos humanos en Estados Unidos y otras democracias liberales es kafkiano, término tomado de la visión absurda y angustiosa de Frank Kafka en novelas como El proceso y El castillo. Durante mucho tiempo se pensó que ese mundo en el que el individuo se enfrenta a una burocracia monolítica y ciega que lo aplasta se aplicaba solamente al fascismo soviético y de sus satélites totalitarios. Pero, el Patriot Act americano y su progenie han actualizado y ampliado la profecía del genial autor checo.

Vivimos a merced de un totalitarismo solapado orquestado por Estados Unidos y seguido por sus aliados, del cual no hay escapatoria. Guantánamo es prueba de que es posible el encierro indefinido sin pruebas ni acusación formal, de lo cual no hay recurso legal ni protección de otra clase.

Kafka estaría espantado.

Department of Homeland [In] Security y US Immigration and [Bad] Customs Enforcement

Todo parece indicar que el discrimen y el maltrato contra los inmigrantes ilegales en Estados Unidos tiene una vertiente sexual agresiva. El Mexican -American Legal Defense and Educational Fund se ha querellado formalmente ante Homeland Security y US Immigration and Customs Enforcement por los abusos contra mujeres y hasta menores detenidas en una instalación en Texas. No debe sorprender esta denuncia; en circunstancias como esas el potencial para el abuso es muy grande. Una población completamente vulnerable a merced de unos guardias fascistoides: ¿qué otra cosa se puede esperar? Solo los ilusos y tontos que se creen toda esa propaganda americana de su decencia innata pueden estar sorprendidos. El malestar -- por decir poco --  que hay en el sur de Estados Unidos por la presencia de los indocumentados en su territorio tiene muchas manifestaciones.

Esta es otra de ellas.

Marrullería

El Diccionario de la RAE le adscribe a Puerto Rico y a República Dominicana la palabra jaiba y toda su infortunada parentela. Por algo será. Y es que acá en esta esquinita del Caribe abundan las «personas listas, astutas y marrulleras». Para no hablar de los vecinos, me limito a mis compatriotas.

En la clase política nada más, hay una representación desproporcionada de esos aprovechados, que «viven del cuento» y sacan partido indebido de toda circunstancia, sobre todo si hay dinero de por medio, especialmente, fondos públicos.

Muchos partidarios del supuesto Estado Libre Asociado de Puerto Rico ven en este embeleco político para disimular la colonia una especie de jaibería -- «lo mejor de dos mundos», según lo bautizó un exgobernador -- por los beneficios de la relación con Estados Unidos.

Solo la indignidad de una conciencia deformada concibe la falta de libertad de esa manera.

Justicia tardía

En medio de este reperpero por las denuncias de delitos, faltas administrativas y conductas contrarias a la ética en la judicatura y otros componentes de la administración de la justicia, si algo llama la atención es la lentitud con la que se conducen las investigaciones, se rinden los informes y se adjudican los asuntos. Es verdaderamente preocupante que el sistema tarde tanto en resolver cualquier controversia o cuestión que se le plantee. No parece haber sentido de urgencia en dilucidar si un funcionario ha obrado mal y debe sancionársele por ello. Es como si no se quisiera tomar una decisión desagradable para el individuo o perjudicial a intereses partidistas.

La justicia, para serlo verdaderamente, tiene que ser oportuna. Las fechas que surgen de la cronología de los asuntos denunciados son harto elocuentes. No se ha hecho suficiente énfasis en la tardanza excesiva en ocuparse de estas cuestiones. Hay en esa dilación un problema tan importante como las faltas a la moral pública que continúan saliendo a relucir.

La verdadera independencia judicial

El vocablo independencia, tan justamente celebrado en todas partes del mundo y en todo momento de la Historia, es voz «maldita» en esta maldita colonia. Para muchos es impronunciable, casi una blasfemia contra la «Divinidad» del In God We Trust de Estados Unidos de América.

No obstante, hay otra independencia muy cacareada, la judicial, por la que otros tantos se rasgan las vestiduras a cada rato. Sucede que mal entendida y peor aplicada, pues ha servido para un encastillamiento que ahora se comienza a ver que ha escondido un proceder contrario a los mejores intereses de la justicia y el buen gobierno. Durante mucho tiempo el énfasis de los adalides de la independencia judicial ha estado en la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y la seguridad económica de los jueces. Nada malo en ello.

Pero, la verdadera independencia judicial está expuesta clara y sucintamente en la siguiente acepción de la palabra «independencia»: «entereza, firmeza de carácter». Esa es la que no se fija en «salarios y emolumentos» ni en pensiones. Ni está pendiente de ascensos o renominaciones.

Se le atribuye a José de Diego haber dicho: «El peor enemigo de la independencia es el cheque». Tenía razón, tanto en la política como en la vida personal y profesional.

Una contestación «no responsiva»

Me parece que la respuesta a la petición del juez asociado Estrella Martínez tiene que ser: aquí están los documentos, o no existen. Cualquier otra contestación, como decimos los abogados, «no es responsiva». A partir de ello se pueden dar todas las explicaciones que se crean necesarias o convenientes, pero lo fundamental es ofrecerle a él y al país la «mejor prueba»: las resoluciones que él solicita o admitir que no las hay.

Por supuesto, se puede alegar que esas resoluciones no eran necesarias, pero esos serían «otros veinte pesos» jurídicos. No se gana nada con ofenderse por la movida del juez Estrella. Independientemente de sus motivaciones personales, lo que ha planteado es legítimo y merece una contestación completa y directa.

En cuanto a la notificación del juez estrella al FBI, las jueces del Supremo que comulgan con la ideología autonomista no se deben molestar, pues es precisamente esa ideología la que apoya la presencia y autoridad federal americana en nuestro país. Los únicos que tenemos derecho a quejarnos somos los independentistas puertorriqueños, que rechazamos toda injerencia de Estados Unidos en nuestra patria.