Dos noticias resultan preocupantes con respecto al funcionamiento del sistema de justicia penal en el país. La primera pone sobre el tapete el descuido con el que se atienden las escenas de crímenes. La falta de rigor forense contamina las pruebas y pone en peligro su uso en el tribunal, dando lugar a que no pueda adjudicarse certeramente la responsabilidad penal. Se trata de errores en seguir el protocolo en el lugar de los hechos, que no pueden ser subsanados posteriormente. La naturaleza extremadamente técnica del derecho procesal penal no admite desviaciones de los procedimientos para obtener, custodiar y analizar la prueba, so pena de excluirla o desestimarla.
La segunda noticia apunta a un cuestionable criterio judicial, que desemboca en absoluciones por «duda razonable» o sentencias muy livianas que no aquilatan adecuadamente la responsabilidad penal del sujeto. Me parece que hay jueces que elevan a la categoría de razonable cualquier duda o discrepancia en la prueba, absolviendo livianamente a claros autores de hechos delictivos. Igual ocurre con sentencias suspendidas o de cortísima duración por actos que le cuestan la vida a otros, sobre todo a menores de edad a su cuidado.
Las cosas no están como para mojigaterías jurídicas ni escrúpulos procesales desacertados. Bástenos con la certeza moral de que tenemos al autor de los hechos, y apliquemos todo el rigor de la ley.
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