El nombramiento y la confirmación festinada del exalcalde de Villalba como juez del Tribunal de Primera Instancia son faltas de buen criterio de este gobierno, que se caracteriza por la improvisación y la prisa absurda, en un contexto tan delicado como el de las designaciones a la judicatura. En momentos en los que se discute la posibilidad de un fraude electoral en unas primarias en ese municipio, resulta imprudente ni siquiera esperar por el informe del Departamento de Justicia sobre la investigación de este caso. Ello no solamente ensombrece este nombramiento, sino que añade al creciente catálogo de desaciertos de esta administración gubernamental.
Los nombramientos de políticos a la judicatura siempre son vistos con lógica suspicacia. Este caso contribuye grandemente a ese escepticismo.
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