Creo que peca de ingenua la joven colega que plantea bases constitucionales para que Estados Unidos no aplique la pena de muerte en Puerto Rico. Claro que tiene razón en estricto Derecho, pero el problema aquí no es jurídico, sino político. Como dirían en Cornell -- en cuya revista jurídica ella pone esta «pica en Flandes» -- "Might makes right." Los americanos hacen y harán lo que les dé la real gana en nuestro país. Todo ese enjundioso análisis vale de muy poco, ante lo que la metrópoli quiera hacer en su colonia del Caribe. Es una inocentada y una novatada plantear que la pena de muerte constituye un «castigo cruel e inusitado», cuando el Tribunal Supremo de ese país lleva más de 40 años diciendo que no lo es.
Precisamente porque, como ella señala, somos un país distinto, con una cultura y una sensibilidad diferentes de la de nuestros conciudadanos del Norte, es que debemos reclamar nuestra soberanía, para no estar sumisamente sometidos a los designios de esa otra nación.
En fin, la solución al problema de la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico -- cuya «Constitución» la prohíbe -- no es jurídico, sino político.
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