En un verdadero fracaso de la justicia se han convertido los casos de fraude electoral de los pasados comicios. Más que eso, son una burla a la democracia puertorriqueña. Una gente que, haciendo trampa, votó donde no le correspondía se ha salido con la suya, ante la incapacidad del sistema judicial de sancionarla. Amparándose en tecnicismos a todas luces absurdamente aplicados, se han desestimado docenas de cargos, dejando este desaguisado.
En momentos en que la confianza en los tribunales es mínima, una lectura irrazonablemente técnica del derecho, que resulta en la impunidad de personas que, evidentemente, planificaron un fraude electoral de grandes proporciones es particularmente desgraciada y tremendamente sospechosa de «pasión, prejuicio y parcialidad».
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