Sueldos de hambre

En estos días en que en el país, al igual que en muchas otras partes del mundo, se discute la penosa situación económica de los jóvenes, sobre todo, por el desempleo y el subempleo sin beneficios, viene a cuento el término hambrear, quizá desconocido y, por supuesto, desusado por esa misma generación. Porque eso es lo que hacen los empresarios de todo el planeta: explotar a los jóvenes necesitados de trabajo, ofreciéndoles unos salarios miserables que no les alcanzan para llevar una vida decorosa. Todo con la excusa de una «crisis» que solo la padecen los hijos ajenos, nunca los propios. Para esos continúan los privilegios de una vida regalada, mientras los del prójimo tienen que tener más de un trabajo, siguen viviendo en casa de sus padres y están condenados a una mísera existencia, víctimas de la conspiración del capital.

Asesoramiento «ilegal»

No puedo dejar pasar el comentario que, se dice, hizo hace unos días una contadora pública autorizada y abogada en el contexto del pleito del banco Doral contra el Departamento de Hacienda. La mujer, en su afán de defender la legitimidad del acuerdo en cuestión, parece haber afirmado que la discreción del Secretario de Hacienda para negociar acuerdos contributivos es tan amplia que puede llegar a aprobar algo que sea «ilegal».

¡Anda pal carajo!

¿Dónde fue que esta abogada aprendió eso? Porque a mí me enseñaron que, lógicamente, la libertad de contratación no incluye cláusulas y condiciones que sean «ilegales, inmorales, contrarias al orden público y a las buenas costumbres».

¿Y esta mujer cobra por asesorar?

«Por ahí van los tiros»

Aunque no ha llegado al Diccionario de la RAE, la palabra gatillero es de uso común y entendimiento general. Es otra forma de referirse a un «pistolero», es decir, un matón a sueldo. Pero, por lo menos en nuestro medio, sobre todo en el ámbito político, se suele utilizar para hablar de alguien que, por partidismo incondicional, está al servicio de los jefes para hacer cualquier cosa -- aun las de dudosa legalidad o moral -- que se le mande, para adelantar los intereses del gobierno o del partido.

Gente de esa es la que contribuye a la mala imagen de la política en nuestro país.

El velo rasgado

Aunque tengo y he tenido amigos en la judicatura a quien aprecio y distingo, lo he dicho y lo voy a repetir: los nombramientos judiciales muy largos no son buenos. Aun en el mejor de los casos, en que, de entrada, la persona reúne las cualidades personales y profesionales para desempeñarse de manera excelente, la gente se deteriora -- física, mental y moralmente -- con el paso del tiempo, y ello se manifiesta de varias formas en su trabajo judicial. Ya sabemos que el sistema no es muy eficaz en eliminar esos elementos. Doce o dieciséis años es mucho tiempo. Una renominación por ese mismo periodo puede ser demasiado.

Parte de lo que ahora se «descubre» se debe a personas que llegan a creer que el puesto les pertenece, por ser inamovibles y beneficiarios de la tan cacareada «independencia judicial», mantra que, por mucho que se niegue, se convierte en un embozo de la corrupción y el proceder irregular en los tribunales. El espíritu de cofradía que impera en la judicatura se ha convertido en un velo casi impenetrable en ese templo de la Justicia.

Ese velo se ha rasgado.

Farfullero

Otra palabra en desuso, pero muy útil porque describe a mucha gente en el país; algunos muy encumbrados: farfullero. Aclaro, sin embargo, que en nuestro medio tiene un matiz un tanto distinto del de la definición oficial. Para los boricuas que sabemos de estas cosas, no se trata del que habla rápidamente o de forma atropellada, sino del que presume de lo que no es, o sea, del aguajero, embustero y fantasioso. Matizando, nuevamente, el «aguajero», acá en Borinquen, no es meramente el que alardea, sino el que lo hace sin base real, pues una persona puede jactarse de algo teniendo razón para ello. El aguajero, para nosotros, es también quien se compromete, ofrece o promete algo, y luego incumple.

Parte de la «fauna» portoricensis...

Otro lío de «jueces»

En medio del reperpero formado por las declaraciones de un exjuez acerca del largo historial de actos impropios en la judicatura que no han sido atendidos, hay otras cuestiones de estricto Derecho que examinar, como la demanda de los jueces administrativos encargados de las adopciones en el Departamento de la Familia, eliminados por una ley. Nuevamente, estamos ante la eliminación de unos puestos creados en virtud de una ley que luego es derogada o enmendada.

La controversia no es nueva, y ya se ha litigado en el foro federal, precisamente, en el cual se han dilucidado algunas supresiones de cargos de procuradores de ciertas clases o grupos, como los del paciente, los veteranos o los de las personas de edad avanzada. Lo que se discute es si es legítimo eliminar cargos -- en el caso actual cuasijudiciales -- como parte de un cambio auténtico de política pública legislado, o si se trata de un subterfugio para eliminar funcionarios nombrados por una administración gubernamental de otro partido político.

Veremos qué dicen los jueces que de verdad mandan en nuestro país.

Motivo de escándalo

Si alguna palabra resulta emblemática de la situación actual del país es escándalo, en varias de sus acepciones. Véase, en primer lugar, «desenfreno, desvergüenza y mal ejemplo». Luego «asombro, pasmo, admiración». En cuanto al activo, «dicho o hecho reprensible que es ocasión de daño o ruina espiritual del prójimo». Del farisaico, «el que se recibe o se aparenta recibir sin causa, mirando como reprensible lo que no lo es». En todo lo anterior queda encapsulada gran parte de la vida pública puertorriqueña de los últimos tiempos.

Un planteamiento desubicado

Creo que peca de ingenua la joven colega que plantea bases constitucionales para que Estados Unidos no aplique la pena de muerte en Puerto Rico. Claro que tiene razón en estricto Derecho, pero el problema aquí no es jurídico, sino político. Como dirían en Cornell -- en cuya revista jurídica ella pone esta «pica en Flandes» -- "Might makes right." Los americanos hacen y harán lo que les dé la real gana en nuestro país. Todo ese enjundioso análisis vale de muy poco, ante lo que la metrópoli quiera hacer en su colonia del Caribe. Es una inocentada y una novatada plantear que la pena de muerte constituye un «castigo cruel e inusitado», cuando el Tribunal Supremo de ese país lleva más de 40 años diciendo que no lo es.

Precisamente porque, como ella señala, somos un país distinto, con una cultura y una sensibilidad diferentes de la de nuestros conciudadanos del Norte, es que debemos reclamar nuestra soberanía, para no estar sumisamente sometidos a los designios de esa otra nación.

En fin, la solución al problema de la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico -- cuya «Constitución» la prohíbe -- no es jurídico, sino político.

¡Atrás, Satanás!

Hace poco, uno de esos pastores evangélicos que tienen más de comerciantes que otra cosa dijo en vista pública legislativa sobre los subsidios gubernamentales para el pago de la energía eléctrica -- incluido el de las iglesias -- que se trataba de una cosa «diabólica». En el momento, se lo achaqué a esa obsesión con Satanás que padecen muchos de los creyentes de ciertas denominaciones religiosas.

Pues, resulta que el predicador no estaba del todo equivocado. Sucede que la palabra también significa «enrevesado, muy difícil», algo que describe todo lo relacionado con el funcionamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica, incluida su factura, la cual, para entenderla, como solía decirse, «se necesita Dios y su ayuda»...

Decisiones desgraciadas

En un verdadero fracaso de la justicia se han convertido los casos de fraude electoral de los pasados comicios. Más que eso, son una burla a la democracia puertorriqueña. Una gente que, haciendo trampa, votó donde no le correspondía se ha salido con la suya, ante la incapacidad del sistema judicial de sancionarla. Amparándose en tecnicismos a todas luces absurdamente aplicados, se han desestimado docenas de cargos, dejando este desaguisado.

En momentos en que la confianza en los tribunales es mínima, una lectura irrazonablemente técnica del derecho, que resulta en la impunidad de personas que, evidentemente, planificaron un fraude electoral de grandes proporciones es particularmente desgraciada y tremendamente sospechosa de «pasión, prejuicio y parcialidad».

Disparates de un confín a otro confín

Tercio en la «beatificación» de la renunciante Secretaria de la Gobernación, la ingeniera Ingrid Vila. Dejando a un lado, por ahora, tantas cosas que podría decir al respecto, aludo a su carta de renuncia, en la que dice: «Es momento de llevar mi empeño a otros confines para continuar aportando al País. He llegado al convencimiento de que me toca perseguir el bienestar y desarrollo de Puerto Rico desde otros puntos de apoyo». Creo que la ingeniera necesita aclararse ciertos conceptos, incluso de la ingeniería. Por ejemplo, eso de «otros confines» suena algo raro, a menos que ella se vaya a mudar a otro pueblo, provincia o territorio, o al «último término a que alcanza la vista». Igualmente enigmática resulta su referencia de que va a dedicarse a contribuir desde «otros puntos de apoyo», cuando, con toda probabilidad, se trata de trabajar en una empresa privada ajena o propia. Parece que ella está algo turbada, y no puede expresarse clara y correctamente, a pesar de sus cacareados grados de Cornell y Stanford.

El de ella es un ejemplo de la ofuscación a la que son muy dadas algunas personas muy preparadas, que se afanan en hacer parecer que lo que dicen y hacen es más complicado e importante que lo que realmente es. Es también un intento -- en este caso, mal logrado -- de disimular u ocultar la verdad, diciendo sin decir.

Distinción estéril

Francamente, tiene mucho de «distinción bizantina» la que se han empeñado hacer algunos jueces de nuestro Tribunal Supremo con respecto al criterio con el que se debe adjudicar el caso del banco Doral: «preponderancia de la prueba» o «prueba clara, robusta y convincente». La realidad es que no hay forma objetiva de medir o precisar una cosa o la otra. No importa lo que digan los comentaristas o tratadistas, o las explicaciones de la jurisprudencia, se trata de diferencias conceptuales o en el plano de las ideas, sin ninguna sustancia real. Todo esto es cuestión de apreciación, es decir, de subjetividad. Las decisiones hay que tomarlas a base de una prueba que convenza al juzgador de que se está en lo cierto. Si la prueba es irrefutable, entonces, es preponderante, clara, robusta, convincente y más allá de duda razonable. De otra manera, puede ser casi segura o lo más probable, y con eso hay que adjudicar. Pero, muchas veces no hay tal grado de certeza, y el asunto no se resuelve aplicando una de esas normas, como si fueran unas fórmulas químicas que van a revelar la verdad.

En fin, estamos ante unas meras aproximaciones al proceso de aquilatar las pruebas, con títulos rimbombantes para darles un carácter cabalístico que no tienen.

«En el fondo del caño hay [una multitud]»

Hay que ser culto hasta para insultar... finamente. Hace unos años, uno de esos funcionarios «blanquitos», molesto con una gente, la tildó de crápula, queriendo decir que se trataba de individuos chusmas, de mala calaña o vulgares. Pero, el hombre, además de arrogante era ignorante, pues crápula tiene el significado particular de persona entregada al libertinaje, la vida licensiosa y los vicios. Aun en los bajos fondos de una sociedad, hay distinciones que importan y deben hacerse. Se puede ser chusma o vulgar, sin necesariamente ser un vicioso o tener otros defectos graves de carácter.

Ocurre que muchos de los que se mueven en el mundillo de la «Milla de Oro» -- nuestra versión pobre de Wall Street -- empaquetan a todos los pobres -- como sus vecinos del Caño Martín Peña -- en la misma categoría despreciable...

La Dra. Silving y mi padre

La noticia del asesinato de otra mujer a manos -- con machete -- de su pareja, quien hace 16 años hizo lo mismo, pero fue liberado bajo palabra, me recuerda lo que solía decir mi vieja profesora de Derecho Penal, la Dra. Helen Silving. La distinguida penalista de fama internacional afirmaba sin ambages que plantearse la rehabilitación como fin del derecho penal era algo quimérico, pues nadie sabe cómo se rehabilita un ser humano. Más de 40 años después, la Dra. Silving sigue teniendo razón.

Claro que hay quien se regenera -- son los menos -- pero creo que mi padre estaba en lo cierto cuando sentenciaba: «Hay gente que nace dañá, y no hay quien la arregle». La naturaleza de ciertos delitos es reveladora de unas condiciones personales muy profundas y difíciles -- quizá imposibles -- de erradicar del victimario. Resulta, pues, una temeridad devolver a esa persona a la libre comunidad, sobre todo, luego de un periodo de confinamiento relativamente corto.

Como sociedad, tenemos que asumir la responsabilidad y el costo de mantener aislados, por toda la vida o un periodo suficientemente largo para «incapacitarlos» para cometer crímenes tan sangrientos, a quienes han dado muestras inequívocas de que no pueden controlar sus impulsos homicidas, otro de los fines penales legítimos, de acuerdo con mi vieja profesora.

Badulaque

La generación actual -- incluso sus miembros más instruidos -- carece de cultura lingüística, y su vocabulario es en extremo limitado. Por eso, una voz como badulaque le suena absolutamente ajena, aunque le aplicaría a buena parte de ella. Con ese vocablo nos referimos a alguien necio y flojo, lo cual describe a muchos jóvenes que no andan en nada productivo, o creen ser más de lo que son, enajenados por una existencia «virtual», sin conciencia nacional y solidaridad social.

En fin, monigotes del escapismo y la sociedad de consumo.

Negligencia criminal

Por supuesto que tiene razón el Secretario de Justicia cuando afirma -- respecto a las explosiones en la planta de la Autoridad de Energía Eléctrica que cobraron dos vidas --  que hay un nivel de negligencia que la convierte en criminal. Eso es exactamente lo que he sostenido una y otra vez con respecto a los padres «olvidadizos» que dejan a sus niños pequeños encerrados en autos a altas temperaturas. Alguna gente parece creer que solo la intención criminal es punible; que todo lo demás es excusable.

Pues, no es así. Hay descuidos tan grandes y graves que son castigables penalmente. La muerte de un ser humano no puede tomarse livianamente y despacharse con un simple «¡lo siento!».  Además del desenvolvimiento cotidiano, hay tareas y trabajos que deben ejecutarse con mucho cuidado, por el potencial de causar daño considerable o irreparable. No observar la debida prudencia tiene que dar lugar a la acción penal, además de la civil por la responsabilidad por daños y perjuicios.

Arribista

Acontecimientos recientes me hacen pensar en la palabra arribista, término derivado del francés arriviste y aceptado también en el inglés con esa grafía. El vocablo es muy parecido a «trepador», o sea, persona que escala posiciones sociales sin escrúpulos. El arribista lo hace también rápidamente. No obstante, me parece que en español se nos ha quedado sin incorporar un elemento del concepto original que lo completa: que la posición económica o social alcanzada es reciente. En nuestro lenguaje pueblerino, se trata del «arrimao que se comporta como dueño».

Por razones obvias, el arribista no es bien visto porque resulta presuntuoso y pretencioso. Muchas veces, el rechazo general lo obliga a «dejar el canto».

«¡Un poquito para atrás, por favor!»

La libertad de protestar, aun pacíficamente, tiene límites de hora, duración, lugar y otras circunstancias. De otra manera se produce el caos. La ley y la jurisprudencia han dispuesto parámetros de razonabilidad para el ejercicio de este derecho constitucional, no siempre bien entendido por parte de ciudadanos comprometidos con una causa, a veces hasta el fanatismo.

Todo esto viene a cuento por las manifestaciones que se dan en Estados Unidos  -- y a veces aquí, por copiones -- en las cercanías de clínicas en las que se realizan abortos legalmente. Alguna de la gente que se opone a ello, frustrada por el estado de derecho que le es adverso, recurren a tácticas que van desde el proselitismo hasta el acoso y la intimidación. En vista de ello, algunos gobiernos municipales han aprobado ordenanzas disponiendo unas zonas en las que no se pueden realizar manifestaciones o protestas, para mantener a los opositores a una distancia prudente de las personas que acuden a esas clínicas o trabajan en ellas.

Lo cierto es que, aparte de algún defecto técnico que pueda tener una que otra de dichas ordenanzas, son ejercicios válidos del poder del Estado para balancear ambos derechos, manteniendo unas condiciones razonables de orden público.

Mi queja

Es algo que ocurre muy frecuentemente en nuestro medio: la repetición innecesaria de un elemento de la oración. Hoy se publica en la prensa: «Desde que empezaron las clases el 11 de agosto pasado, las quejas por la falta de trabajadores uno [asistentes de educación especial] en las escuelas ha sido una queja constante de padres de niños con impedimentos». Como puede verse, el problema educativo en Puerto Rico no es exclusivo de esos niños, sino que abarca a todos los demás. Todo lo que había que decir era que «... las quejas de los padres de niños impedidos han sido constantes...»

Aprovecho para pronunciarme en contra de esa mojigatería de decir «personas con impedimentos». La gente que tiene impedimentos está impedida, de ver, oír, hablar, caminar, etc. No es algo pasajero o que uno se pone y se quita; generalmente son condiciones permanentes. Que esto no impida que puedan desenvolverse bastante bien en la vida es otra cosa. El ciego -- nada de «no vidente» -- puede tener todo el éxito del mundo, como conocemos de tantos ejemplos, pero sigue estando impedido de ver, lo cual no es un insulto ni debe descorazonarlo en su desarrollo personal y profesional.  

"I Do" o "I Don't"

Se acerca el momento de la «suprema definición» sobre el matrimonio homosexual en Estados Unidos. Tanto los estados que lo aceptan como los que lo prohíben le han pedido al Tribunal Supremo que decida, de una vez y por todas, si le da el sí a las parejas del mismo sexo o las mantiene como novios o novias. Quince estados lo permiten y diecisiete se resisten a este tsunami histórico hacia la igualdad. Hoy por hoy, no hay asunto que ocupe más a los tribunales americanos que éste, y hay que darle un final feliz o infeliz a este Love Story.

Ocurre que en la federación americana los estados conservan autoridad sobre un sinnúmero de asuntos, pero el gobierno federal tiene la última palabra en lo que respecta a «derechos fundamentales». La pregunta se cae de la mata: ¿Qué puede ser más fundamental que el derecho a casarse con la persona que se ama? A esto hay que añadir que es inaceptable discriminar por características de un individuo, como su color o procedencia nacional o social, pues no son cosas que el individuo pueda cambiar. Igualmente, la inclinación sexual es algo inherente a la persona, por lo cual es impermisible penalizarlo por actuar conforme a su naturaleza en el plano afectivo.

El asunto tiene interés particular para nosotros en Puerto Rico, pues, como colonia de Estados Unidos, estamos sujetos también a la cláusula de supremacía de la Constitución de ese país y, por ende, a los dictámenes de su Tribunal Supremo en cuestiones fundamentales. Así que agárrense los curas y pastores que ponen el grito en el cielo con la posibilidad del matrimonio homosexual, y a la vez son anexionistas o autonomistas.

Prepárense para ir al Tribunal Celestial...

«El emperador está desnudo»

Hoy se publica la pontificación periódica a la que nos tiene acostumbrados Rafael Cox Alomar. El hombre sigue descubriendo el Caribe en el siglo 21, señalando tardíamente verdades históricas que, por ejemplo, el independentismo lleva décadas apuntando, pero él las presenta como suyas. Cox, que no acaba de botar el golpe de su derrota electoral y la humillante marginación partidista, también ha comenzado a fallar en la expresión que deslumbra a muchos que alaban sus dotes de orador. Veamos.

Dice el doctor de Oxford: «El paso alcanzado en 1952, tal y como apuntaló Fernós Isern, no alteró esa insoslayable realidad». Pues, aquí está su primer traspié, porque los pasos se dan para alcanzar a alguien o algo, pero los pasos como tales no se alcanzan. Lo de «apuntaló» tampoco le ha quedado bien; debió decir que Fernós Isern apuntó o señaló. Si bien «apuntalar» también significa «sostener o afirmar» no son sus acepciones principales, y en todo caso se refieren a sostener o afirmar literalmente, cosas u objetos, no en relación con argumentos.

Pero, en lo que el docto doctor desbarra lastimosamente es cuando afirma: «Hoy, aún más desenfrenadamente que ayer, hacen falta esos poderes». Partiendo de que no se refiere a «quitar el freno a las caballerías», lo que queda es el sentido figurado de «desmandarse, entregarse desordenadamente a los vicios y maldades» o «dicho de una fuerza bruta, desencadenarse», que no creo que sea lo que él haya querido decir.

En fin, el hombre debe sosegarse porque parece que los nervios lo traicionan...

NSA ("National Spy Agency")

Los abusos de la National Security Agency tienen una larguísima cola jurídica y judicial en Estados Unidos. Ha habido múltiples cuestionamientos del programa de espionaje doméstico, porque a los americanos no les acomoda que les hagan lo que ellos toleran que hagan en su nombre a otros hijos de vecino. Entonces, han gritado foul, al verse asediados y vigilados por doquier con la tecnología más invasiva de su intimidad jamás disponible.

Los tribunales federales se debaten entre defender los derechos civiles de la gente y los reclamos de «seguridad nacional» que como un mantra invoca un Estado que cada vez más recuerda el de la novela 1984. Lamentablemente, el pizarrón no es muy favorable a los ciudadanos. Ahora el Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito en Nueva York se apresta a decidir un pleito incoado por la American Civil Liberties Union que impugna la práctica de la NSA de recoger información de llamadas teléfonicas de millones de personas en Estados Unidos, que obviamente no pueden tener nada que ver con el terrorismo. El tribunal colegiado parece inclinado a fallarle en contra a la parte demandada.

Habrá que ver si tienen la firmeza de hacerlo, o sucumben al mantra...

¿Mantenedor de área?

Discrepo de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, no solo en su apreciación sobre la corrupción judicial, sino en algo que me conturba grandemente. Leo en su entrevista con el principal diario del país: «Todos en la Rama Judicial estamos bajo evaluación, todos. Desde el mantenedor de área que mantiene la sala en condiciones de ser utilizada hasta esta servidora...». Me parece evidente que con este circunloquio eufemístico la jueza Fiol Matta se refiere a un conserje o a un trabajador de mantenimiento, si el asunto requiriera algo más que limpieza, palabras que no son ofensivas, por lo que no hay que evitar. Quizá ella ha caído víctima de esa manía americana de llamarle cleaning technician a los janitors.

Creo que los nervios han traicionado a la jueza -- quien, de ordinario, se expresa muy correctamente --  haciéndola caer en este desliz tan feo. Dejo para otro día un comentario sobre lo que ha dicho sobre la situación en la judicatura.

Una fecha infame

He aquí otra fecha infame en la historia de Estados Unidos, tan admirada por ser tan desconocida. El 1 de septiembre de 1942 un juez federal de California sostuvo la orden ejecutiva de 19 de febrero de 1942 del presidente Roosevelt que decretó la detención de más de 110,000 japoneses en suelo americano, dos terceras partes de los cuales eran ciudadanos americanos y más de la mitad eran niños o infantes. Dos años después, el Tribunal Supremo de ese país, en Korematsu v. United States, en una de sus más bochornosas decisiones, sostuvo la constitucionalidad del encierro de los japoneses.

Ahí tienen todos esos ilusos e incautos que se creen la propaganda de que Estados Unidos y su Tribunal Supremo son el regalo de Dios al mundo.