Los dictámenes judiciales que han invalidado muchos de los despidos en el sector gubernamental, y el «recogido de velas» temporero en el Ejecutivo, ordenando la revisión de esas cesantías, revelan que se actuó negligentemente y en abierto menosprecio de los derechos de esos empleados. No conforme con botarlos, los botaron mal, sin fijarse en datos concretos que eximían a muchos de ellos de la «masacre del 6 de noviembre».
Ahora, sonreídos con las muelas de atrás, van a darle el debido procedimiento de ley y, en un despliegue de ser más papistas que el Papa, exigen que los jefes de agencia presten declaraciones juradas en las que separen a los bien botados de los mal botados.
En fin, el fortuñismo es tan inepto, que ni hace bien el mal.
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