La salida a la crisis de Honduras, gestada por la OEA et al., en estricto derecho es un disparate que, si se consuma, será un precedente funesto para la democracia internacional. Propiciar que los golpistas - cariñosamente llamados «gobierno de facto» - salgan por la puerta ancha de la impunidad y poniendo condiciones desde la ilegalidad es convalidar la nulidad de sus actos. Acceder a que lo aprobado o «legislado» en lo que eufemísticamente ha sido llamado por la OEA como un «periodo de excepción» tenga vigencia es dar por bueno el golpe de Estado.
Aquí no puede haber sino una sola exigencia: la restitución plena de Zelaya a su mandato constitucional, sin condiciones ni cortapisas. Si el país está en desacuerdo con alguna de sus propuestas, ahí están las urnas para repudiarla. Lo que no puede darse por bueno es la interrupción violenta del orden constitucional legítimo y que lo actuado por quienes detentan el poder sea respetado como parte del estado de derecho.
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