Empieza a aflorar una considerable condescendencia del Estado con CAPECO, no sólo en el aspecto ambiental, sino en el contributivo. En uno y otro asunto, la empresa ha tenido desempeños cuestionables, pero se le ha permitido continuar operando, con una que otra multa, que uno supone ha sido tomada como parte del cost of doing business. Tal parece que en esto se ha impuesto la mentalidad que en Estados Unidos llevó a la debacle económica y financiera: considerar que hay empresas que son too big to fail, por lo cual hay que «sacarles las castañas del fuego».
Aquí, el fuego se ha producido después de múltiples acomodos, que ahora lucen demasiado generosos, habida cuenta del clima económico del país y la posibilidad muy real de negligencia empresarial. Por cierto, ahí están los artículos 83 al 90 del Código Penal sobre las penas a las personas jurídicas, si se quiere hacer algo más que rasgarnos las vestiduras...
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