Compartir Para estar más seguros

De lo publicado en el periódico, no queda claro si lo que se anuncia es la «cancelación» de unos contratos o la «no renovación» de unos contratos gubernamentales con aseguradoras ya expirados. Lo primero exigiría, es de suponer, una «justa causa» o el pago de una clásula penal; lo segundo es algo totalmente discrecional. Las razones que se aducen podrían ser legítimas, es decir, ampliar la competencia, pero, dada la confusión apuntada, debe haber una mayor claridad y transparencia en lo que se hace y por qué.