De lo malo, algo mejorcito. Como se sabe, en muchas jurisdicciones de Estados Unidos, se elige a los jueces por votación popular, lo cual coloca el proceso en el ámbito electoral y político. A su vez, ello significa que los candidatos a jueces hacen campaña, y recogen dinero para sufragarlas. En fin, que todo ello resulta en un embrollo ético de marca mayor, que sólo la miopía singularmente americana no ha querido ver nunca. Hace poco, una exjueza presidenta de un tribunal supremo estatal -- desde su retiro, claro está -- deploró este sistema.
Ahora, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido en apretadisima votación que los estados pueden prohibir que los candidatos a jueces pidan dinero personalmente. En otras palabras, cuando el descaro es demasiado grande, se prohíbe, dejando intacto el << menos malo >> de tener a otros que pidan por los candidatos a jueces o a la reelección como tales. Como si con eso se salvara el insalvable problema moral de por medio en este asunto.
Sólo el torcido entendimiento americano sobre la moral pública, y la preeminencia del dinero en esa sociedad, explican un sistema así, que esta decisión sólo mejora en algo.
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