La ONU denuncia los efectos nocivos de los crímenes -- así se les debe nombrar -- ambientales, destacando, además de los obvios sobre el entorno natural, el enriquecimiento ilícito de organizaciones delictivas, incluidas las terroristas. Es lógico que, dado el carácter mundial de la ONU, el foco de atención esté puesto en aquellas prácticas a gran escala que afectan a más de un país.
Pero, es el caso que en esta ínsula tenemos nuestra cuota de delitos ambientales, de factura más reducida pero no menos nociva al bienestar general. El envenenamiento del agua, el aire y el suelo, principalmente, por procesos industriales es una situación frecuente, que queda impune por un Estado que trata al sector empresarial con «guantes de seda». La tala de árboles y el desmonte de nuestros campos, por parte del desarrollismo desenfrenado, causa desde problemas particulares hasta desastres a comunidades enteras. Mas, nada o muy poco le ocurre a constructores y urbanizadores inescrupulosos, que encuentran refugio en velos corporativos y leyes de quiebras para burlar la justicia y continuar sus fechorías bajo otra razón social.
Mientras el país se someta al chantaje corporativo de una supuesta creación de empleo, a cambio de inmunidad o lenidad, continuará siendo pasto de las llamas de la voracidad empresarial.
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