La farsa del Estado Libre Asociado -- como la denominó Vicente Géigel Polanco hace varias décadas -- tiene su vertiente jurídica. Muchos creen que en Puerto Rico hay un gobierno que gobierna con leyes propias, y una judicatura que decide con «independencia» de criterio.
Ni una cosa ni la otra.
La inmensa mayoría de las leyes que aprueba el Poder Legislativo responde a exigencias del Gobierno de Estados Unidos. Las nuestras tienen que ser congruentes con las de allá. Léanse la exposición de motivos de las leyes. En este sentido, lo mismo da que los legisladores sean de un partido o de otro; brillantes o brutos. La colonia los obliga a ajustar la legislación a los requisitos de los americanos, verdaderos gobernantes de nuestro país.
En lo que respecta a la judicatura, ya sabemos, por boca de la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, que « hay un riesgo real de que todos los jueces de instancia cuyo término está vencido o por vencer se sientan intimidados o temerosos de poder dictar alguna sentencia conforme a la ley y sus conciencias». ¡Tremenda admisión de cobardía moral!
A ello hay que añadir que estos próceres con toga -- que hoy lloriquean por un puñado de dólares -- tampoco tienen que pasar mucho trabajo para decidir sus casos. Basta con saber qué es lo que se ha decidido en Estados Unidos sobre el particular. Muchas veces ni siquiera hay que conocer esa jurisprudencia. Unas normas de entidades particulares o privadas de allá valen más que el criterio puertorriqueño. La educación jurídica en Puerto Rico está subordinada a los dictámenes de la American Bar Association. Una juez acaba de decidir que la reválida de los médicos en este país tiene que ser la que los americanos digan.
¿Y para decidir estas cosas hace falta ganar tanto dinero y tener pensiones tan jugosas?
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