El gobierno español -- hijo espiritual de Franco -- ha presentado un anteproyecto de ley «De protección de la seguridad ciudadana», en el cual, «entre col y col, lechuga». Con la excusa de proteger a la sociedad de ciertas manifestaciones de conducta antisocial, el Ministerio del Interior pretende colar varias disposiciones francamente fascistoides, dirigidas a castigar la disidencia y la protesta individual y colectiva con unas multas de muchos miles de euros. Llama la atención que el proyecto sanciona como infracción grave: «Las ofensas o ultrajes a España, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito». Véase que, no conforme con penalizar algunas conductas ya tipificadas como delito, se añaden estas faltas administrativas atentatorias contra la libertad de expresión, formuladas en un lenguaje extremadamente amplio e impreciso, lo que anuncia su inconstitucionalidad.
Ello se combina con la infracción leve de: «Las manifestaciones públicas efectuadas por cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos, cuando no constituyan delito, así como la falta de respeto y de la consideración debida a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones». Atiéndase al alto grado de subjetividad sobre lo que constituyen estas faltas.
También se cataloga de infracción grave la «perturbación» en manifestaciones frente a sedes de instituciones parlamentarias a todos los niveles gubernamentales, aunque no estén en sesión. Resulta obvio el afán de coartar el derecho a la protesta.
En fin, éstas y otras disposiciones remedan el franquismo. ¡Dios salve a España!
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