No debe sorprendernos que el país desconozca mayoritariamente los derechos humanos, según surge del estudio que reseña la prensa. El nuestro es un país ignorante en muchos sentidos. El conocimiento y aprecio de los derechos humanos supone un alto grado de conciencia cívica, del cual carecemos. Tampoco conocemos y entendemos los derechos civiles, ni muchos de los sustantivos y procesales de nuestro ordenamiento jurídico. Los puertorriqueños -- aun los que cuentan con preparación académica de cierto nivel -- son «analfabetos funcionales» del estado de Derecho, por ignorancia, desidia y hasta por rechazo de unos conceptos que les resultan contrarios a sus deseos de obrar como les plazca.
Si bien nos proclamamos demócratas y creyentes en la libertad y la ley y el orden, no estamos dispuestos a reconocer las consecuencias lógicas y naturales de la adhesión a estos principios de la vida institucional de una sociedad civilizada. A la menor provocación, surgen los resabios de la intolerancia a «los otros» y a las diferencias de todas clases. Entonces, estamos dispuestos a negarles las protecciones de ley consagradas en documentos que expresan las más altas aspiraciones de justicia para todos los seres humanos.
Eduquémonos en los valores superiores del espíritu.
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