La reciente directriz de acceso a la información gubernamental es una admisión tácita de que no se ha estado cumpliendo adecuadamente con el derecho ciudadano y de la prensa a obtener dicha información. La norma básica y general es que los documentos del gobierno son públicos, por lo que no hay que consultar la legalidad de entregarlos a la prensa o a una parte interesada. Por supuesto, hay excepciones, pero son muy pocas y de alcance limitado.
Pero, una cosa es el estado de derecho, y otra es la praxis cotidiana. Los gobiernos suelen esconder información que, de una u otra forma, les resulta inconveniente porque revela manejos impropios o ineptitud, que de ambas cosas siempre hay.
Esperemos que los términos breves dispuestos ahora para responder las solicitudes de información tengan el efecto deseado, en beneficio del interés público.
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