Parece extraña la reticencia del Gobierno de Puerto Rico para unirse al pleito de clase contra la empresa de inversiones UBS, por el mal manejo de fondos de pensiones gubernamentales. Esa demanda está fundada en una investigación de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, algo que resulta ventajoso, pues los tribunales suelen tener «gran deferencia y respeto» por los hallazgos de una agencia gubernamental con reconocida pericia en una materia, sobre todo si se trata de un asunto muy técnico, como son el corretaje y las inversiones.
El Gobernador espera por la recomendación del Departamento de Justicia al respecto. El país, que asiste al drama de los Sistemas de Retiro quebrados -- en parte por la transacción de UBS -- espera por una decisión que busque paliar en algo el desastre causado y fijar responsabilidades por una conducta ilegal planificada y ejecutada calculadora y dolosamente.
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