Debe haber un grave problema procesal en el caso del representante Rivera Guerra, que justifique el chocante dictamen judicial que le permite figurar en la papeleta electoral del Partido Nuevo Progresista. Porque, en los méritos, no puede haber fundamento para ello. Basta con la aplicación del criterio partidista y reglamentario de esa colectividad, que lo rechaza por el desprestigio del legislador, de todos conocido. Se trata de un caso clásico de una cuestión política que los tribunales no deben adjudicar. El PNP decidió, con toda la razón del mundo, que Rivera Guerra no puede ser candidato en las próximas elecciones. La opinión pública también lo rechaza abrumadoramente. El Poder Judicial no debe intervenir, y si lo hace, debe ser para sostener la decisión del partido. Véase que si, por un aborto de la naturaleza, el hombre resultara reelecto, estaría en la bancada de un partido que anticipadamente no lo quiere, un resultado absurdo propiciado por el tribunal. Distinto es el caso de un legislador que durante su incumbencia se desafilia del partido o lo expulsan de éste.
Tendremos que «ajusticiarlo» en las urnas el 6 de noviembre.
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