Nos apuntamos media

Por fin, el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico ha entrado en razón en lo que respecta a la permanencia del convicto exsenador Jorge de Castro Font en nuestro país mientras se ventila su juicio en el tribunal de esta jurisdicción. La pretensión de trasladarlo a Estados Unidos para que comenzara a cumplir su sentencia allá era absurda, de su faz, y solo puede explicarse por la prepotencia característica de los funcionarios imperiales aquí.  No hay que tener muchas luces para comprender que tener a un acusado confinado fuera del país presenta inconvenientes mayores para su encausamiento. El juez Besosa, que ya ha dado muestras de un criterio judicial algo voluble, ha tenido que rendirse ante la realidad y la sensatez. Así que se ha tenido que conformar con mantenerlo en la cárcel federal de Guaynabo, pues De Castro Font -- tan bravucón antes -- se caga de miedo, si lo recluyen en una prisión puertorriqueña, donde teme por su seguridad, por chota.

En fin, aunque sea limitadamente, la jurisdicción puertorriqueña se ha dado a respetar ante la del imperio.

No tienen perdón

Una conocida tienda publica esta «Nota Aclaratoria» en el periódico de hoy: «Por error involuntario en nuestro shopper de la semana 30 de Mayo al 5 de Junio 2012, Salio incorrecto la ilustracion y el texto de la Pasta Colgate 3 onzas variedad regular $1.09 c/u Especial 0.85 centavos c/u, *2 por cliente 60 por tienda Cuando debió leer y ser la ilustración de la Pasta Colgate 2.8 onzas variedad Regular $1.09 c/u Especial 0.85 centavos c/u *2 por cliente 60 por tienda. Perdonen los inconvenientes que esto les haya causado».

La tienda tiene mucho más por qué pedir perdón...

Autoincriminación

El embarre americano en el campo de tortura de Guantánamo sigue dando de qué hablar. Un tribunal federal de Estados Unidos, en un pleito por abusos contra los detenidos, acaba de ordenarle al Pentágono que entregue unas grabaciones que muestran la forma en que los guardias los sacaban de sus celdas. En un acto de cinismo monumental, la parte demandada se oponía, alegando que ello violaría la intimidad de los guardias. Éste es solo uno de los pleitos en los que se solicitan las grabaciones de lo que ocurre en esa instalación ya infame por el trato inhumano al que se somete a personas que ni siquiera han sido acusadas formalmente.

Al igual que los nazis en su momento, los americanos tienen la desfachatez de fotografiar y grabar su barbarie en el campo de batalla y fuera de éste. De ahí que ésa sea la mejor prueba en los procesos civiles o penales que se presenten para reivindicar derechos y fijar responsabilidades por esos desmanes.

Se va a tener que mudar...

Sigue la imprecisión en el uso de nuestra lengua. Hoy se lee lo siguiente en el periódico: «Mudan la cita del alcalde guaynabeño». Lo que sería correcto, si se tratara de que la audiencia a la que está citado para investigar los manejos electorales fraudulentos cometidos por personal municipal se vaya a celebrar en otro lugar. Pero, es el caso que el cambio no es de lugar, sino de fecha, por lo cual, el verbo «mudar» no es aplicable, ya que ninguna de sus acepciones está relacionada con cambios en el tiempo. Todo lo que había que decir era aplazan o posponen la cita.

Que ni con eso se salva el alcalde tramposo...

No puede haber impunidad

El fallo condenatorio de la ginecóloga que le causó la muerte a su hijo de dos años y medio, cuando lo dejó seis horas encerrado en su vehículo, resulta aleccionador, justo y necesario. La juez no solo ha decidido conforme a Derecho, sino a la justicia y a la razón sencilla. Como bien dijo, no podemos tolerar la negligencia que causa muerte excusándola por el ajetreo o las complicaciones de la vida cotidiana. Se puede entender el olvido momentáneo de una cosa; nunca el prolongado de una criatura, sobre todo si es propia.


El derecho penal tiene una función legítimamente disuasiva. El castigo tiene que servir para sancionar al culpable y, a la vez, advertir a los demás que la conducta en cuestión es punible y no será pasada por alto. En casos anteriores no se aquilató adecuadamente el valor de la vida del menor, y primó la condescendencia con el padre o la madre criminalmente descuidado, dejándolos al remordimiento íntimo que los acompañará el resto de sus vidas. Evidentemente, eso no ha sido suficiente, y los «incidentes desgraciados» se han tornado en moda.

Temo, sin embargo, que la sentencia que se imponga sea suspendida. Sería un error. El castigo verdaderamente ejemplarizante tiene que incluir algún tiempo en reclusión, para que cale bien hondo en la conciencia de esta madre y de los demás padres y madres de este país.

Por el ojo de la cerradura

Cuando leí el siguiente titular, pensé que se trataba de otro escándalo sexual de los que nos tiene acostumbrados la Iglesia Católica: «Arrestan por fisgón al mayordomo del Papa». Ya me imaginaba al individuo espiando a las monjitas vaticanas en sus abluciones matinales o algo así. Pero, se trata de algo más pedestre y menos excitante. El individuo ha sustraído unos documentos «secretos» del Vaticano, y se los ha llevado para su casa. (Algo muy comprometedor habrá en ellos, estoy seguro.)

Me parece que el titular da lugar a este equívoco, pues, aunque «fisgón» es una persona que husmea, lo cierto es que su acepción más conocida y aceptada es la de quien espía a otros, sobre todo en una situación sexual. Para decirlo en puertorriqueño: un «ligón». Claro, es posible que el mayordomo de Ratzinger haya estado fisgoneando detrás de las pesadas cortinas de los apartamentos papales, y haya oído o visto algo que le motivara a apoderarse de esos documentos.

Que, con lo deprestigiado que está el Vaticano, no hay que dudar nada...

¡No hay Derecho!

El informe de Amnistía Internacional sobre el año pasado en Puerto Rico confirma lo que el país entero sabe porque lo padece: los derechos civiles y humanos están en precario, a causa de un gobierno fascistoide. Un estado de derecho vulnerado por prácticas de corte totalitario impulsadas desde el Poder Legislativo, con la anuencia de un Ejecutivo pusilánime y un Poder Judicial secuestrado a todos los niveles por el partido de gobierno nos han cambiado las reglas de juego democrático y liberal, dando paso a la persecución y la represión más o menos descarnadas. Con algunos matices, vivimos un estado policiaco, con un barniz cada vez más tenue de legitimidad. Se manipula la legalidad para validar el atropello y el menoscabo de derechos individuales y colectivos de quienes osen afirmarlos. Se legisla la sinrazón, se la pone en práctica y se sostiene en los tribunales y foros administrativos. La derecha tiene todas las sartenes, con sus respectivos mangos.

Y, como denuncia AI, los «sartenazos» son la orden del día en nuestro país.

Torpeza cerebral

Nuestro conocimiento del español se empobrece cada vez más. Ahora resulta que tenemos que recurrir al inglés para nombrar condiciones de salud o enfermedades que han existido toda la vida.

En un anuncio de una institución hospitalaria, se lee: «Un derrame cerebral o "stroke" es una emergencia médica...». Debemos suponer que el hospital piensa que, si no incluye el término en inglés, no sabremos qué es el «derrame cerebral». Y, como lo desconocemos, creen necesario informarnos que se trata de una «emergencia médica».

¡Por Dios!

Hay que poner el dedo en el dique

Desde hace un par de años se discute en Holanda el caso de un miembro del Parlamento y dirigente político de extrema derecha acusado de cometer «crímenes de odio» contra los musulmanes, por expresiones xenofóbicas en su contra. La defensa ha estado basada en el derecho general a la libre expresión, amén del que cobija la de índole política. El asunto ha dado lugar a fallos contradictorios e incongruentes en las distintas instancias judiciales por las que ha pasado, inclinándose algunas veces por una lectura muy liberal del derecho a la expresión, y otras valorando más el daño al grupo objeto de la inquina.

Estas controversias se suscitan con cierta frecuencia en varios países, en los cuales, incluso, se ha legislado para prohibir manifestaciones públicas ofensivas a grupos étnicos, raciales o religiosos. Ocurre que hay quienes encubren su odio con el manto respetable del derecho a la expresión libre. Pero, no puede ser legítima una prédica que, aunque no incite a la violencia explícitamente, lo haga implícitamente. Cuando se le adjudican todos los males sociales a cierto grupo, es claro que hay un llamado a que se actúe para eliminarlo: «Muerto el perro...». Así empezó Hitler en 1933, y sabemos cómo acabó.

El Derecho no puede interpretarse de espaldas a la realidad, como si fuera un ejercicio de salón de clase. Esperemos que el Poder Judicial holandés haya aprendido esta lección.

¡Hombre, que no es menos la cura!

Como saben, aunque esté de vacaciones, mi ojo de editor nunca lo está. Hace unos días, en el Museo del Prado, bajo el cuadro de Rubens que representa al apóstol Santiago el menor, en la versión en inglés de la identificación de la pintura se leía James the Less. ¡Increíble pero cierto! Que un error así ocurra en una institución cultural de ese prestigio es imperdonable. Resulta inaceptable que El Prado no cuente con los recursos para asegurarse de que la versión en otro idioma de la información que se brinda al público sea correcta. Lo que debió decir el rotulito es, por supuesto, James the Young.


Claro, cuando El Prado da una metida de pata así, entonces no nos debe sorprender leer en una vitrina de un restaurante malagueño "ham cure" entre sus suculentos ofrecimientos. Como está dicho, se trataría de la «cura del jamón», que algo tiene de cierta, pues ese jamón cura el hambre. Por si alguien no se ha enterado, es cured ham.

Lo repito: si se quiere dar la información en inglés, pues muy bien, pero, si no se conoce bien el idioma, hay que buscar ayuda, para evitar dislates embarazosos como éstos.

Derecho torcido

En una muestra más de que el sistema judicial de Estados Unidos está fundamentalmente al servicio de la política, sobre todo en asuntos de «seguridad nacional», el Tribunal Federal de Apelaciones para el Noveno Circuito le ha reconocido inmunidad parcial al abogado del Departamento de Justicia que justificó oficialmente la tortura en aquellos años inmediatos luego del 11 de septiembre de 2001. Dentro del contexto del pleito incoado por el puertorriqueño José Padilla y su madre, ese tribunal ha tenido la desfachatez de resolver que, para esa época, no estaba del todo claro que lo que se le hizo a Padilla constituyera tortura, y que, por lo tanto, la opinión que avaló ese proceder no era del todo incorrecta ni es base para fijar responsabilidad civil.

Basta, sin embargo, leer el recuento que la opinión del tribunal hace del trato que se dio a Padilla durante tres años y medio de cautiverio, para apreciar su tortura. Y para darse cuenta de lo torcido y tortuoso del «razonamiento» jurídico de esta disparatada decisión.

(Tomo un descanso hasta el 22 de mayo.)

«Lo» correcto

Hay lemas o mensajes publicitarios mal expresados. El periódico lleva un par de días anunciando una de sus tradicionales encuestas del año electoral: «Cuando el pueblo opina, El Nuevo Día se imprime». Hombre, pero es que el periódico se imprime todos los días, opine el pueblo o no. Lo que debió escribirse es «Cuando el pueblo opina, El Nuevo Día lo imprime», refiriéndose, claro está, a la opinión pública.

Dicho sea de paso, la campañita responde a una reducción en el número de lectores de la edición impresa, pues muchos han optado por leer la edición electrónica. De ahí que se puntualice que la información solamente aparecerá en la impresa.

Torcedura de brazo

No me parece del todo aceptable la solución judicial en el caso de la joven universitaria que fue sometida a la justicia por negarse a mostrar su identificación a la guardia del campus. La denuncia era a los efectos de que la joven incurrió en «obstrucción a la justicia» y «alteración a la paz», imputaciones que todos sabemos son comodines de los cuerpos policiacos para toda situación en la que ellos actúan mal, y buscan justificar sus excesos. Aun cuando la joven se excediera en algo en su reacción, se comprende su indignación ante la práctica abusiva y selectiva de los guardianes.

Me preocupa más la manifestación de la juez del caso, en el sentido de que «los agentes del orden público se respetan». Muy bien, pero debió añadir que los agentes del orden público deben respetar los derechos civiles y humanos de los ciudadanos, y no violarlos so color de autoridad. Con esa expresión, queda la sensación de que la juez tomó partido a favor de los guardias -- quizá por ser de esos magistrados que siempre le dan el beneficio de la duda a los policías -- y, con la amenaza de meter a la muchacha seis meses a la cárcel, logró que se humillara públicamente pidiendo una disculpa forzada, como condición para archivar el caso.

Una mejor solución hubiera sido el archivo del caso «en pro de la justicia»...

Incorregible

«Sin corregir los fallos» reza un titular de prensa relacionado con unos problemas en la Universidad de Puerto Rico. ¡Y bien que sí! No se corrigen, porque el 3 de agosto de 2007, cuando comenzaba este espacio, dediqué el comentario a ese uso que, aunque no es totalmente erróneo, no es el mejor, cuando se quiere señalar una falta o falla, siendo un fallo, principalísimamente, un dictamen judicial. De hecho, con este tema comienza mi libro Bitácora de la buena escritura, selección de mis comentarios sobre el tema aparecidos en este espacio.

Así que, definitivamente, continúan «sin corregir los fallos»...

Un dictamen desafortunado

Debe haber un grave problema procesal en el caso del representante Rivera Guerra, que justifique el chocante dictamen judicial que le permite figurar en la papeleta electoral del Partido Nuevo Progresista. Porque, en los méritos, no puede haber fundamento para ello. Basta con la aplicación del criterio partidista y reglamentario de esa colectividad, que lo rechaza por el desprestigio del legislador, de todos conocido. Se trata de un caso clásico de una cuestión política que los tribunales no deben adjudicar. El PNP decidió, con toda la razón del mundo, que Rivera Guerra no puede ser candidato en las próximas elecciones. La opinión pública también lo rechaza abrumadoramente. El Poder Judicial no debe intervenir, y si lo hace, debe ser para sostener la decisión del partido. Véase que si, por un aborto de la naturaleza, el hombre resultara reelecto, estaría en la bancada de un partido que anticipadamente no lo quiere, un resultado absurdo propiciado por el tribunal. Distinto es el caso de un legislador que durante su incumbencia se desafilia del partido o lo expulsan de éste.

Tendremos que «ajusticiarlo» en las urnas el 6 de noviembre.

"Broken English"

Como saben, de vez en cuando, incursiono en el inglés, lengua que aquí se menea mal y se escribe peor, por obra y desgracia del coloniaje. Resulta que, como tenemos dos idiomas oficiales, hay un número de documentos y notificaciones gubernamentales que tienen que hacerse en inglés también. Ése es el caso de un anuncio que publicó ayer en la prensa la Comisión Estatal de Elecciones, para beneficio de algún americano entrometido que, sin saber español, pretenda votar aquí.

El anuncito pretende ser una traducción literal del texto en español, por alguien que pretende saber inglés. Así es que «Aviso importante» se convierte en "Notice Important", «De conformidad con» se trueca en "Pursuant with" --en vez de to -- , «toda persona que acuda a la JIP» se transforma en "every person that attends to the JIP, en vez de persons who go to or visit, y «favor de comunicarse con la Oficina... al siguiente teléfono...» aparece como "please communicate with...to the following number...", en vez del correcto y sencillo please call this number.

La anexión a Estados Unidos, que requiere que nuestra vida pública se conduzca en inglés, está cada vez más lejos...fortunately.