Diez años es demasiado tiempo para que el Departamento de Educación haya hecho caso omiso de una obligación impuesta por ley, sobre todo cuando se trata de algo que redundará en un bien para nuestros niños y jóvenes, contribuyendo a su condición física y de salud ahora y en el futuro. Aun considerando que se tratara de un «deber discrecional» y no «ministerial» el impuesto por la ley, habría que catalogar esta tardanza mayúscula como un «abuso de discreción».
viernes, 19 de febrero de 2010
«Que [diez] años no es nada...»
Que se haya tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo para validar la ley que dispone que haya aunque sea un maestro de educación física en cada escuela pública es una medidad de la dejadez con la que los gobiernos toman ciertas leyes. La voluntad legislativa, salvo que sea inconstitucional, tiene que ser acatada de buena fe, y no puede quedar al arbitrio de, en este caso, una agencia gubernamental, que considere que no se trata de un asunto prioritario.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Alberto:
Me leí la sentencia y la misma es correcta en su conclusión. Mi única crítica es que se dijo mucho para algo que se podría decir en cuatro páginas. Yo creo que cuando la ley es clara, no requiere de interpretaciones extensas ni de disquisiciones sobre recursos extraordinarios; es un mal de antaño. Si obviaron un detalle, que César Rey no era el Secretario de Educación cuando se fue al Apelativo y al Supremo, por lo que debieron de sustituir a la parte; solo para aclarar el "récord".
Kolthoff tiene una "A", conmigo, en ese caso.
Publicar un comentario