En medio de toda esta discusión de una reforma del derecho penal en el país que busca reducir ciertas penas, sugiero la adopción de un criterio jurídico creativo y novedoso. Creo que ha llegado el momento de aplicar el principio de la «duda razonable» explícitamente a los confinados por delitos graves de violencia que procuren salir en libertad condicional. De la misma manera que no debe condenarse a una persona si hay duda razonable acerca de su culpabilidad, no debe dejársele salir de prisión, si hay duda razonable sobre su rehabilitación. En otras palabras, el quantum de prueba tiene que ser muy exigente, para que una persona que ha causado una muerte o grave daño corporal demuestre que se le debe permitir salir a la libre comunidad. La duda tiene que beneficiar a la sociedad, como un mecanismo de defensa de quienes han demostrado agresividad extrema e incapacidad para controlarla.
Es sencillamente absurdamente trágico que la sociedad juegue a la «ruleta rusa» con personas que son «pistolas sin inscribir», soltándolos para que vuelvan a matar o hacer grave daño. El riesgo es demasiado grande, y no hay derecho a que las autoridades lo permitan por cuestiones filosóficas o consideraciones económicas relacionads con el costo del encarcelamiento.
¿Qué se le dice a una víctima o a sus familiares, cuando el victimario es un exconfinado a quien se le permitió salir porque estaba «rehabilitado» o para que el Estado se ahorrara unos pesos?
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