Un anuncio de un bufete, en el que se invita a transportistas escolares a los que el Departamento de Educación les debe dinero, para que asistan a «orientaciones y consultas gratuitas», está muy cerca de violar el Canon 34 de Ética Profesional, si es que no lo vulnera. En lo pertinente, dicho canon dispone: «Actúa contrario a los altos postulados de la profesión el abogado que, con propósito de lucro y sin ser requerido para que ofrezca su consejo y asesoramiento legal, aliente o estimule en alguna forma a clientes potenciales para que inicien reclamaciones judiciales o de cualquier otra índole». Tendría uno que ser extremadamente ingenuo para creer que esa gestión del bufete no se hace con ese propósito. Sobre todo porque se trata de un bufete que, conocidamente, le presta servicios al principal partido de la oposición, y esta es una forma de «meterle un dedo en el ojo» al partido de gobierno.
No creo que, dado el clima de impunidad en el ámbito jurídico, esto tenga consecuencia alguna para esos colegas...que no sea conseguirse unos cuantos clientes.
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