El afán de la fiscal federal en gestionar la autorización de sus jefes en Estados Unidos para asumir jurisdicción en la matanza familiar en Guaynabo es enfermizo y provocador. Lo primero porque ella no descansa en su propósito de revivir la pena de muerte en Puerto Rico, algo que, evidentemente, ella ve como un mérito, y que la congracia con muchos que desean la venganza oficial. Lo segundo porque es una forma de estrujarle en la cara al Gobierno de Puerto Rico la supremacía del poder imperial americano al que ella le sirve. Que nuestra Constitución prohíba la pena de muerte no tiene para ella valor alguno; lo que importa es la autoridad que ella representa, frustrada hasta ahora porque los jurados puertorriqueños no se han querido manchar las manos con sangre.
Pero, Rosa Emilia no ceja en su empeño de matar a alguien con el respaldo del Estado y ser «aclamada» por ello.
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