Abuso policial, USA

 La ONU acaba de unir su voz a la de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, al conminar a Estados Unidos a investigar la brutalidad policiaca que ocurre con pasmosa frecuencia en el país. Naciones Unidas reconoce oficialmente lo que es vox populi en el ámbito mundial: la policía norteamericana la emprende a golpes o a tiros, principalmente, con los negros y otras minorías étnicas o raciales, sin razón o exageradamente, muchas veces impunemente, como lo ocurrido en Ferguson, Missouri. El Comité Contra la Tortura de la ONU también ha condenado el uso indiscriminado de los aparatos conocidos como tasers, con los que la policía le aplica descargas eléctricas a personas con las que interviene, incluso embarazadas y niños.

En fin, Estados Unidos ha quedado retratado como una sociedad extremadamente represiva, con una policía que actúa como perros de presa que se ceban con los más desvalidos y los que tradicionalmente han sido objeto del discrimen y el odio de la mayoría blanca y anglosajona.

Un caso de lógica sencilla

Esta mañana muy temprano leí en la página cibernética de un diario: «Sonya Cortés radica demanda de divorcio a su exesposo». Aunque más tarde arreglaron el tremendo disparate de informar que la mujer quiere divorciarse del que -- según el diario -- es ya su exmarido, aún la cosa no queda bien.

Primero, porque, como he dicho antes, el verbo radicar es intransitivo. Una persona o algo radica en un lugar porque está ubicado allí. En este caso, la demada de divorcio se presenta en el tribunal, y entonces, radica allí.

Segundo, ¿hace falta decir que la demanda de divorcio es contra su esposo? Toda vez que aquí no se admite el matrimonio homosexual, la demanda de divorcio de una mujer tiene que ser contra su esposo. Por lo tanto, el titular debió ser «Sonya Cortés presenta demanda de divorcio».

La verdugo

El afán de la fiscal federal en gestionar la autorización de sus jefes en Estados Unidos para asumir jurisdicción en la matanza familiar en Guaynabo es enfermizo y provocador. Lo primero porque ella no descansa en su propósito de revivir la pena de muerte en Puerto Rico, algo que, evidentemente, ella ve como un mérito, y que la congracia con muchos que desean la venganza oficial. Lo segundo porque es una forma de estrujarle en la cara al Gobierno de Puerto Rico la supremacía del poder imperial americano al que ella le sirve. Que nuestra Constitución prohíba la pena de muerte no tiene para ella valor alguno; lo que importa  es la autoridad que ella representa, frustrada hasta ahora porque los jurados puertorriqueños no se han querido manchar las manos con sangre.

Pero, Rosa Emilia no ceja en su empeño de matar a alguien con el respaldo del Estado y ser «aclamada» por ello.

Acentuando lo negativo

En el afán de acentuar la importancia de alguna cosa, se acentúa mal. En un anuncio de la Fundación contra el Cáncer Pediátrico se lee: «Házte capitán de nuestros niños».

Pues, muy mal porque a los niños, no importa lo enfermos que estén -- y a los adultos --  se les debe enseñar que las palabras llanas terminadas en vocal no se acentúan. Es una regla elemental muy vieja que sigue vigente.

Anuncio malamañoso

Un anuncio de un bufete, en el que se invita a transportistas escolares a los que el Departamento de Educación les debe dinero, para que asistan a «orientaciones y consultas gratuitas», está muy cerca de violar el Canon 34 de Ética Profesional, si es que no lo vulnera. En lo pertinente, dicho canon dispone: «Actúa contrario a los altos postulados de la profesión el abogado que, con propósito de lucro y sin ser requerido para que ofrezca su consejo y asesoramiento legal, aliente o estimule en alguna forma a clientes potenciales para que inicien reclamaciones judiciales o de cualquier otra índole».  Tendría uno que ser extremadamente ingenuo para creer que esa gestión del bufete no se hace con ese propósito. Sobre todo porque se trata de un bufete que, conocidamente, le presta servicios al principal partido de la oposición, y esta es una forma de «meterle un dedo en el ojo» al partido de gobierno.

No creo que, dado el clima de impunidad en el ámbito jurídico, esto tenga consecuencia alguna para esos colegas...que no sea conseguirse unos cuantos clientes.

Un error mayúsculo o un «megaerror»

La carta abierta que escriben unos empresarios al gobierno de Puerto Rico comienza así: «El Crecimiento desmedido de las grandes mega tiendas...». Pues, evidentemente, hay un crecimiento desmedido en el uso incorrecto de la letra mayúscula y el pleonasmo.

A veces, en el afán de resaltar algo, se escribe con letra mayúscula, como, en este caso, el concepto de «crecimiento». Pero, ello no es legítimo, desde el punto de vista gramatical. Hay que respetar la norma de que solo los nombres propios o, en ciertos contextos y por excepción, ideas como las de la verdad y la justicia se pueden escribir con mayúscula.

Por otro lado, se les llama «megatiendas» porque son grandes. Entonces, debió escogerse referirse a ellas de esa manera o, sencillamente, como «grandes tiendas». Lo que es inaceptable es usar ambas formas conjuntamente.

Democracia a la española

Hoy se cumplen 38 años del comienzo formal en España de la transición de la dictadura franquista a la democracia, con el voto afirmativo de las Cortes. Lo que ocurrió en los próximos dos años fue un proceso ejemplar de civismo, coronado por la adopción de la Constitución de 1978. Pacíficamente, los españoles desmantelaron 40 años de un régimen opresivo en extremo, y se dotaron de una democracia parlamentaria, respetuosa de la monarquía que lo hizo posible.

Una pena que, ahora, en un resabio franquista, ese Estado tan democrático se empeñe en negar por todos los medios legales, no solo la independencia a Cataluña, sino siquiera la oportunidad de expresarse en las urnas, aunque sea de forma simbólica, y en no reconocer el resultado ya sabido.  

Español a patadas

Explicando su linaje, una joven medallista en taekwondo en la justa centroamericana y del Catibe en Veracruz dice: «Mi papá es puertorriqueño, a pesar de que su último nombre es Stambaugh, que lo sacó de su lado paterno...». Sobre la joven, el cronista deportivo dice que ella «habla fluido español con sus compañeros y familiares».

No sé sobre la fluidez de la muchacha, pero le falta mucho para hablar correctamente. Evidentemente, no sabe que el last name en inglés es el apellido en español. Claro, el periodista, cuyos «últimos dos nombres» no son nada extranjeros, no anda muy bien en español tampoco, pues debió decir que la joven «habla el español con fluidez».

Medalla de palo para los dos.

¡Ay, Canadá!

Yo creía que era un principio general de Derecho el actuar de buena fe siempre, incluido en el cumplimiento contractual, pues presumir o admitir lo contrario sería absurdo y manifiestamente injusto. Pero, tal parece que, hasta hace unos días, los canadienses no estaban muy seguros de ello, ya que su Tribunal Supremo ha tenido que aclararlo, diciendo que no se le debe mentir a la otra parte en una relación contractual. Que tenga que decirse algo así a la altura de 2014 habla muy mal de un sistema jurídico.

A veces, el Derecho se enreda en disquisiciones contrarias al sentido común y sencillo de la Decencia y la Justicia. Se pacta con otro de buena fe, esperando que se cumpla de la mejor forma posible, sin dobleces de clase alguna. No hace falta buscar fundamentos en comentarios, tratados, leyes o jurisprudencia para justificar una norma así.

Ni llegar a un Tribunal Supremo para que se reconozca.

Irreconciliable

Quiero pensar que se ha citado mal o fuera de contexto al conocido abogado defensor de las causas ambientales, diciendo que el reclamo de confidencialidad de la empresa incineradora de desperdicios sólidos «es irreconciliable». Para que ello fuera correcto, tendría que haber dicho «irreconciliable con... la política pública, el estado de derecho, la norma tal, la jurisprudencia más cual, etc.». De otra forma, lo que procedía era decir que el reclamo es improcedente, inaceptable, injustificado, insostenible. 

«Castigo cruel e inusitado»

Es principio fundamental del derecho penal que las sanciones deben ser proporcionales a las faltas. Por supuesto, ello ha de estar basado en una valoración de las transgresiones; algunas son más graves que otras, y por lo tanto, merecen un castigo más severo.

Nadie discute que el joven con algo de marihuana en los alrededores de un escuela cometió una falta que no puede ser pasada por alto, pero el castigo de cuatro años en prisión resulta excesivo, si se compara con otras conductas punibles que aparejan menos severidad o una similar. Procede, entonces, que el Gobernador, en el ejercicio de su discreción, le extienda un indulto al joven para que no sufra una pena sobre cuya desproporción hay consenso en el país.

¡Zafa, zafio!

Como están las cosas en el país, en cuanto al comportamiento de la gente en lugares públicos, hay que rescatar del olvido una voz como zafio, para aplicarla a la grosería nuestra de cada día. Desde las palabrotas con las que se conversa cotidianamente hasta la vulgaridad en el actuar y el vestir, somos una isla rodeada de falta de tacto por todas partes. La chabacanería reina en el país, en una sociedad que se arredró ante la suciedad en las distintas vertientes de la vida colectiva.

Hito histórico en una historia histérica

En esta fecha en 1620, 41 hombres se reunieron en lo que luego sería Virginia para firmar el Mayflower Compact, acuerdo solemne ante Dios y el Rey, para establecer un gobierno civil en la colonia. En este sentido constituyó un hito en el camino hacia la democracia americana.

Pero, esa historia colonial no es tan bonita como muchos creen, y estuvo llena de atropellos -- muchos de ellos de índole religiosa -- discrímenes y violencia, no solo contra los indígenas, sino contra los colonos mismos.

Ese camino hacia el infierno de la vida colonial estuvo empedrado de buenas intenciones. La que se celebra hoy fue la primera de ellas.

El yugo yanqui

La historia de Puerto Rico tiene como elemento constante el yugo colonial. En tiempos de España -- cuatro siglos -- fue más evidente y pesado; bajo el régimen yanqui, más sutil, pero igualmente opresor. El puertorriqueño común y corriente no tiene la conciencia política suficiente para percatarse del yugo de estos últimos 116 años. Muchos aceptan de buena gana la subordinación política, como la cosa más natural del mundo. Otros, por cobardía, la toleran porque no les parece posible la libertad.

Pero, el yugo esta ahí tdos los días de nuestra vida colectiva e individual. Algunos piensan equivocadamente que no hay yugo donde hay derecho, pero no es así, pues también es «ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer».

Como lo de Estados Unidos en Puerto Rico.

La salvación según Salvador

El artículo de opinión del Dr. Salvador Santiago Negrón, conocido psicólogo y profesional de la salud mental, me obliga a retomar el tema de las enmiendas al Código Penal. El Dr. Santiago «padece» de la misma condición que la inmensa mayoría de sus colegas, además de los psiquiatras, los trabajadores sociales y otros profesionales de «ayuda». Toda esa buena gente cree que la gente es buena pero víctima de las circunstancias -- especialmente, la crianza y el ambiente -- y que es cuestión de darle el «tratamiento» adecuado para que deje de delinquir. Los «profesionales de la conducta humana» quieren anotarse el triunfo de «curar» o «rehabilitar» a los delincuentes, mientras peores, mejor. Por eso, el buen doctor quiere un sistema penal menos punitivo, con reclusiones más cortas y medidas alternas al encarcelamiento.

Pero, todo eso puede estar muy bien para el que emite un cheque sin fondos, mas no para el que le tumba la cabeza a otro de un machetazo. Al primero lo podemos tratar de convencer con todas la terapias del mundo de que deje esa mala costumbre. Al segundo -- en palabras de mi padre -- hay que «guardarlo» mucho tiempo; quizá para siempre. Porque, cuando salga y haga lo mismo -- como ocurrió en el caso reciente -- habrá que ir a buscar al Dr. Santiago para que le dé terapia a los familiares de la segunda víctima.

Una xenofobia selectiva

Si bien somos un pueblo hospitalario -- quizá demasiado -- la xenofobia no nos es ajena. Ese defecto moral se ha hecho más patente desde que comenzó la ola inmigratoria dominicana, sobre todo en su vertiente indocumentada. Resulta innegable que hay además un fuerte elemento racista, pues muchos de los que llegan a nuestras playas son negros de diferentes tonalidades. Aunque somos un pueblo mulato, tenemos el afán de blanquearnos y de fingir en lo que respecta a nuestra verdadera condición racial.

Hay entre nosotros otra clase de xenofobia; una con raíces ideológicas. En el sector anexionista, hay elementos que llevan su apego a Estados Unidos a niveles enfermizos, rechazando cualquier manifestación positiva hacia otro país. En el caso de España, por ejemplo, se cultiva cierta hispanofobia, predicada en un rancio resentimiento por el coloniaje de cuatro siglos. Esta actitud absurda se extiende a los pueblos latinoamericanos, cuya presencia económica aquí disgusta, mientras se acoge con beneplácito la de Estados Unidos, nación que se tiene como propia.

Así de desquiciados viven muchos puertorriqueños, luego de 116 años de coloniaje yanqui.

Desafuero dominicano

Continuando con su claro menosprecio del derecho internacional y los derechos humanos, la República Dominicana se ha retirado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, foro que, correctamente, le ha fallado en contra por sus atropellos a los haitianos y a los dominicanos de esa ascendencia. El Tribunal Constitucional de ese país ha traicionado su ministerio de hacer justicia, avalando los desafueros de los otros dos poderes del Estado dominicano en este asunto. La condena internacional ha sido unánime, pero R.D., temerariamente, persiste en un proceder que recuerda lo peor de la era de Trujillo. Como no tiene ni puede tener razón en Derecho -- mucho menos en Justicia -- como niño malcriado, se retira del foro que le pone el dedo en la llaga de la xenofobia y el racismo.

Con esta acción, esa Antilla continúa deshonrando el legado de Eugenio María de Hostos y de otros próceres puertorriqueños, cubanos y dominicanos cuyo ideario de solidaridad y unión caribeña alumbró nuestra historia común.

La vitrina rota

He aquí otra palabra de uso muy particular en la historia de nuestro país: vitrina. En la propaganda ideológica orquestada por Estados Unidos, y aquí sumisamente aceptada, Puerto Rico era la «vitrina de la democracia» para una América Latina empobrecida y subyugada por dictaduras. (Claro que no se decía que los americanos eran principales saqueadores de esos países, ni que eran amigos de esos déspotas.) Según los evangelistas del State Department y la CIA, nuestra isla era la sucursal de USA en español, modelo de democracia y progreso para las repúblicas bananeras con aspiraciones de hacerse gente.

Pero, vitrina al fin, había mucho de artificio y fantasía, que el tiempo se encargó de revelar. El sol de la verdad penetró con fuerza, destiñendo las baratijas del tinglado colonial. Ya nadie se atreve a revivir esa vieja y manida imagen. La vitrina está vacía y rota. La tienda quebró.

Veinte años no es nada

En medio de toda esta discusión de una reforma del derecho penal en el país que busca reducir ciertas penas, sugiero la adopción de un criterio jurídico creativo y novedoso. Creo que ha llegado el momento de aplicar el principio de la «duda razonable» explícitamente a los confinados por delitos graves de violencia que procuren salir en libertad condicional. De la misma manera que no debe condenarse a una persona si hay duda razonable acerca de su culpabilidad, no debe dejársele salir de prisión, si hay duda razonable sobre su rehabilitación. En otras palabras, el quantum de prueba tiene que ser muy exigente, para que una persona que ha causado una muerte o grave daño corporal demuestre que se le debe permitir salir a la libre comunidad. La duda tiene que beneficiar a la sociedad, como un mecanismo de defensa de quienes han demostrado agresividad extrema e incapacidad para controlarla.

Es sencillamente absurdamente trágico que la sociedad juegue a la «ruleta rusa» con personas que son «pistolas sin inscribir», soltándolos para que vuelvan a matar o hacer grave daño. El riesgo es demasiado grande, y no hay derecho a que las autoridades lo permitan por cuestiones filosóficas o consideraciones económicas relacionads con el costo del encarcelamiento.

¿Qué se le dice a una víctima o a sus familiares, cuando el victimario es un exconfinado a quien se le permitió salir porque estaba «rehabilitado» o para que el Estado se ahorrara unos pesos?

¡Viva el separatismo!

La palabra unión -- que no hace falta explicar -- tiene en Puerto Rico una frecuente y fuerte presencia, dada nuestra «condición política», frase eufemística con la que se suele encubrir el coloniaje que padecemos. Desde principios del siglo 20, se habla de la Unión Americana, para referirse a Estados Unidos, y Luis Muñoz Marín, sin duda el político más influyente de la «increíble y triste historia» de los cándidos puertorriqueños, le puso su sello a nuestra subordinación con el concepto de unión permanente a Estados Unidos, mantra con el que los puertorriqueños dóciles aquietan su espíritu ante la degradante situación colonial.

Ocurre, entonces, que no hay tal «unión», sino sometimiento, subordinación y sujeción al imperio yanqui, consentido y hasta celebrado por quienes tienen un «enredo de espíritu», en palabras de  Muñoz Marín en un momento de una lucidez patriótica que le duró muy poco.

Los otros indocumentados

Independientemente de la «mala leche» con la que se han aprobado las leyes estadounidenses que requieren identificación con foto para votar -- pues se conoce el efecto inmediato de ello -- , lo cierto es que no hay algo inherentemente malo en que haya una exigencia de ese tipo para ejercer el derecho al voto. Acá en nuestro país tenemos la tarjeta electoral con ese propósito, y no resulta en nada irrazonable u opresivo establecer un mecanismo así. Que se calcule que en Estados Unidos hay cerca de 23 millones de personas sin documento alguno de identidad acusa un atraso social muy grave. Por más pobre que sea una persona o más apartada viva, en este siglo 21, en el país que más se jacta de su superioridad en todos los órdenes, una situación como esta es francamente escandalosa. Se trata de un segmento significativo de su población viviendo en una marginalidad muy frágil, no solo en términos electorales, sino en otros muchos aspectos de la vida en sociedad, en los cuales no es posible participar eficazmente sin una identificación con foto.